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DENUNCIA PÚBLICA # 008

 


Cundinamarca 6 de junio de 2021.

Desde el Tejido Popular de Derechos Humanos de Cundinamarca rechazamos las estimaciones

y amenazas proferidas contra jóvenes activistas, lideresas y líderes comunitarios y

organizaciones sociales que se han venido manifestando pacíficamente desde el 28 de abril de

2021 en los diferentes municipios del departamento.

Igualmente, denunciamos que las defensoras y defensores de derechos humanos de

Cundinamarca hemos sido víctimas permanentemente de amenazas, hostigamientos,

señalamientos y estigmatizaciones, incluso, en reiteradas ocasiones se ha obstaculizado

nuestra labor de atender, asistir y acompañar a población en la defensa de sus derechos.

Aunque ya se han denunciado estas situaciones a los organismos correspondientes no se ha

recibido ninguna respuesta clara y coherente.

Alertamos sobre el riesgo que sufrimos quienes estamos ejerciendo la defensa de derechos

humanos en todos los territorios de Cundinamarca, especialmente de la provincia Sabana

Occidente, ya que 2 de nuestros municipios, Facatativá y Madrid son los que tienen la

asistencia militar.

HECHOS

El día 6 de junio del 2021, en horas de la tarde se dio a conocer un panfleto a nombre del

Bloque de Emergencia Cundinamarca de las Águilas Negras, en el cual amenazan la vida de

jóvenes activistas, lideresas y lideres sociales, así como de defensoras y defensores de

derechos humanos de Facatativá, Cundinamarca.

Estos hechos se dan una semana después de que el Gobierno Nacional a través del Decreto

575 del 28 de mayo de 2021 impusiera de manera violenta e irresponsable “Medidas para la

conservación y el restablecimiento del orden público”, a través de la “Asistencia militar” y la

“colaboración armónica”, que se han traducido en detenciones arbitrarias e ilegales,

seguimientos, persecuciones, señalamientos, estigmatizaciones, hostigamientos a la

comunidad y sus diferentes formas organizativas.

En este Decreto se incluyen a Facatativá y Madrid en Cundinamarca como municipios a

priorizar para la aplicación de estas medidas lo que ha desencadenado un desborde de

violencias por parte de la Fuerza Publica hacia la población en general y, especialmente, contra

defensoras y defensores de derechos humanos, brigadas médicas, comités jurídicos, entre

otros.

EXIGIMOS:

Al Estado Colombiano en cabeza de Iván Duque, al Gobernador de Cundinamarca Nicolás

García Bustos y al alcalde municipal Guillermo Eduardo Aldana Dimas un pronunciamiento

público sancionando todo tipo de estigmatización a la protesta social y al movimiento de las

ciudadanías libres que ha puesto en peligro la vida de muchas personas.

A la Personería Municipal, Defensoría del Pueblo y Fiscalía General de la Nación actuar

conforme lo determina la Constitución Política de Colombia, realizar las investigaciones

pertinentes y activar el Sistema de Alertas Tempranas para garantizar los derechos la vida y la

integridad de las y los manifestantes y de las organizaciones sociales, así como establecer

protocolos y medidas de seguridad para garantizar la vida, la integridad física y psicológica de

todas las personas, especialmente de aquellas que realizan el ejercicio de verificación y

defensa de los derechos humanos. 

Defensoras y defensores de derechos humanos no somos terroristas. Nuestro compromiso es

con la defensa de la vida y exigimos garantías.

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