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Acción urgente: Líder comunitario asesinado, otras personas en peligro



Un líder comunitario fue asesinado cuando planeaba regresar al municipio de Ituango, norte de Colombia, de donde fueron desplazadas forzosamente cientos de personas que se oponían a la construcción de una represa.

El 17 de septiembre, el líder comunitario y minero artesanal Nelson Giraldo fue asesinado en la orilla del río Cauca, en una zona conocida como Sardinas, en el municipio de Ituango, departamento de Antioquia. Era líder del Movimiento Ríos Vivos Antioquia, que representa a algunas de las personas que, desde marzo de 2013, se han visto obligadas a desplazarse de varios municipios del norte y el oeste del departamento de Antioquia. El cadáver de Nelson Giraldo apareció degollado y con disparos en el pecho y las piernas. El activista había ido a visitar el municipio para ver si su familia podía regresar. El 9 de septiembre, un tribunal de Medellín había ordenado a las autoridades locales que aplicaran las medidas de protección colectiva solicitadas por el Movimiento Ríos Vivos.

Tras una serie de incidentes, tales como amenazas de paramilitares, ataques de la guerrilla, combates entre las fuerzas armadas y la guerrilla y detenciones masivas de quienes se oponían a la construcción de una represa –conocida como Hidroituango– en el río Cauca, unos 250 mineros artesanales y otras personas cuyo sustento depende del río huyeron de la zona. En los últimos años, las fuerzas de seguridad han calificado repetidamente de combatientes guerrilleros a quienes se oponen al proyecto de Hidroituango y los han sometido a detenciones posiblemente arbitrarias.

Las personas que son calificadas de colaboradoras de la guerrilla se han convertido frecuentemente en víctimas de violaciones de derechos humanos tales como ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, desplazamiento forzado y amenazas. Los mineros artesanales y otras personas que viven en los 12 municipios que se verán afectados por la represa temen perder sus medios de vida.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

expresando preocupación por la seguridad de los mineros artesanales del Movimiento Ríos Vivos Antioquia y sus familias;
pidiendo a las autoridades que adopten medidas para proteger a quienes corren peligro, de estricta conformidad con los deseos de los afectados;
instando a las autoridades a ordenar investigaciones exhaustivas e imparciales sobre el asesinato de Nelson Giraldo y el desplazamiento forzado de las personas a las que representaba, hacer públicos sus resultados y llevar a los responsables ante la justicia.



ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2013, A:

Señor Juan Manuel Santos
Presidente de la República, 
Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-26, Bogotá, Colombia
Fax: +57 1 596 0631
Tratamiento: Excmo. Sr. Presidente Santos

Amylkar Acosta
Ministro de Minas y Energía
Ministerio de Minas y Energía 
Calle 43 No 57 – 31, CAN
Apartado 80319
Bogotá, Colombia
Fax: +57 1 324 5208
Tratamiento: Estimado Sr. Ministro Acosta

Y copia a:
Corporación Jurídica Libertad
Carrera 47 No 53-45, Piso 10 
Medellín
Colombia

Información adicional

El Movimiento Ríos Vivos es un movimiento nacional compuesto por comunidades afectadas por proyectos energéticos a gran escala, principalmente represas y otros proyectos que, según consideran, afectan a su acceso a recursos hídricos. También hace campaña para proteger los medios de vida de los habitantes de las zonas afectadas por esos proyectos. Su objetivo es defender los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y medioambientales de las personas afectadas por estos proyectos económicos en gran escala. En el caso de Antioquia, el Movimiento Ríos Vivos Antioquia integra a diferentes organizaciones sociales, grupos y personas de los municipios de Ituango, San Andrés de Cuerquía, Toledo, Briceño, Yarumal, Sabanalarga, Liborina y Olaya afectados por el proyecto hidroeléctrico de Ituango, conocido también como Hidroituango.

La represa de Hidroituango se está construyendo en una zona afectada por el conflicto armado. En la década de 1990, los paramilitares, en connivencia con las fuerzas de seguridad, perpetraron una serie de masacres en el municipio de Ituango, uno de los que se verán afectados por la represa. No ha habido justicia para muchas de esas violaciones de derechos humanos, y quienes hacen campaña por la justicia están recibiendo amenazas a causa de su lucha contra la impunidad.

Durante el largo conflicto armado de Colombia, las fuerzas de seguridad y los paramilitares han calificado a menudo de colaboradores o simpatizantes de la guerrilla a los miembros de organizaciones de derechos humanos, sindicatos y otras organizaciones sociales. A consecuencia de ello, estos activistas se han convertido con frecuencia en víctimas de asesinato, amenazas o desapariciones forzadas. Los grupos guerrilleros también han amenazado o matado a defensores y defensoras de los derechos humanos a los que consideraban aliados del enemigo.

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