Ir al contenido principal

Veredicto del Juicio Ético y Político contra el Despojo en Colombia.


El tercer día del Juicio Ético y Político contra el Despojo en Colombia, realizado en Bogotá, dio inicio con la presentación de las conclusiones obtenidas en las mesas de trabajo del día 17 de agosto. Posteriormente se expuso el caso de Arauca y se realizaron las denuncias contra la OXY y Ecopetrol. Finalmente, se obtuvo el veredicto emitido por el cuerpo colegiado.

Fotografía: Colombia Informa. 


En primera instancia, Milena Ochoa de la Red de Hermandad y Solidadridad -REDHER-, y miembro de la comisión metodológica explicó las conclusiones a las que llegaron las mesas de minería, hidrocarburos e hidroeléctricas. En éstas se evidenciaron las graves consecuencias de las políticas extractivistas  y el consecuente despojo que vienen sufriendo los pueblos desde la época de la conquista, que van acompañadas de violencia, persecución, desplazamiento y explotación de los trabajadores. Todo ello sucede con el beneplácito del gobierno nacional, a quién le interesa ampliamente promover la inversión extranjera, la cual convierte en mercancías los bienes  comunes de la naturaleza y del pueblo, añadió Ochoa.

Por lo anterior, la mesa de minería denuncia a las empresas Río Paila Castilla, Mónica Semillas y empresas multinacionales mineras, energéticas y petroleras por cambiar y violar la ley, con el fin de apropiarse de millones de hectáreas; por militarizar los territorios con ayuda de fuerzas militares estatales y paraestatales que desatan lógicas de seguridad privada; por el uso de plataformas ideológicas con el apoyo de medios de comunicación, que se dirigen a poner de acuerdo a la población con las lógicas de las transnacionales; trabas burocráticas para la legalización de los pequeños mineros; extorsión de los pequeños  mineros por parte de grupos armados y diferentes servidores públicos al servicio de los capitalistas; iniquidad en las normas ambientales entre los pequeños mineros y las multinacionales; transformación violenta del uso del suelo y la vocación agropecuaria, poniendo en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria; explotación de uranio y minerales estratégicos y pérdida absoluta de la  soberanía del Estado sobre los mismos; creación de empresas de papel para evadir impuestos y obtener subsidios estatales; compra de pequeñas empresas mineras; cambio de razón social de empresas para repercusiones judiciales y testaferrato; destrucción de las fuentes de agua y páramos, como el de Pisba en Boyacá.





Por su parte, la mesa de hidrocarburos denuncia: Caso del poliducto de la provincia de Lengupá en Boyacá y sus impactos sociales, políticos y culturales; caso Acacías en el departamento del Meta, por apropiación de las aguas de  los ríos planas y piyabá; caso vereda los Kioskos en Puerto Gaitán, Meta, por secamiento de rios y quebradas, militarización y deterioro del tejido social; caso Puerto López – Meta, por que Ecopetrol se ha puesto al servicio de las transnacionales y no cumple su función económica y social.


En cuanto a las hidroeléctricas, se denuncia que la política energética se enmarca en políticas inversionistas  del gobierno y de empresas como la Epsa, Emgesa, Endesa, Epm, Isa e Isagen; pues la producción de energía con centrales hidroeléctricas son un negocio y no un servicio, son creadas para la exportación y no para la necesidades del país. Se plantea necesario cuestionar la responsabilidad social y ambiental de las multinacionales en los territorios donde construyen los proyectos, pues se denuncia una falta de visión social de ellos. Además, NO EXISTE CONSULTA PREVIA O POPULAR; la explotación de recursos se decide y se pone en marcha por el gobierno y luego se socializa, sin tener en cuenta la opinión de los pueblos. Estas implementaciones van acompañadas con presencia militar que pone en riesgo la vida de los habitantes de los territorios. Por ello se hace un llamado a no aceptar la energía de hidroeléctricas como energía limpia o alternativa, a visibilizar la verdadera responsabilidad social y a organizarse para desenmascarar la responsabilidad del gobierno colombiano.

En segundo lugar, se presentó Luis Alfredo Cedeño, indígena Sikuani, quien denuncia el caso de la Oxy y su afectación en la Laguna de Lipa, en Caño Limón, departamento de Arauca. Se hacen acusaciones contra la transnacional Occidental Petroleum Corporation y Ecopetrol por ecocidio: por  vulneración de derechos colectivos y del medio ambiente debido a daños ambientales y fallas en tratamiento de agua; intervención irregular de la zona cuando se encontraba bajo la figura de reserva natural; la incidencia en entidades gubernamentales para levantar “figura de reserva” de la laguna de Lipa; vertimiento de aguas contaminadas y altas temperaturas en esteros, caños y lagunas (el agua que se vierte esta de 57° a 61° centígrados -50% superior al permitido- , lo que ha ocasionado muerte de animales); contaminación de fuentes hídricas subterráneas; construcción de infraestructura vial que obstruye flujo natural del agua; envenenamiento y  alteración del sistema de lagunas; construcción de infraestructura nueva a partir de contrato Chipirón que afecta 26,738 hectáreas;  construcción de plataformas con vías férreas dentro de la laguna de Lipa.


También se les denuncia  por etnocidio:  por amenazar la supervivencia cultural de los pueblos Sikuani, Makaguani, Hitnu, Betoy, U`wa, Inga y pobladores campesinos; vulneración de derechos, de identidad cultural, de libre determinación y no consulta a los pueblos originarios y campesinos; vulneración del derecho a la vida de pueblos indígenas a través del pago a fuerzas privadas de represión; por ocupación y usurpación de territorios ancestrales y sagrados del cual fueron expulsados los habitantes; por vulneración a la libre circulación; por violación a los derechos humanos; por enfermedades y malformaciones que genera la contaminación en los pobladores. Se acusa al Estado, a la Oxy y su filial por participar en atropellos contra pobladores de Arauca e intervenir en el conflicto armado interno. Se les acusa también por detrimento del patrimonio de la nación, por prorroga injustificada del contrato en el que se otorga licencia y posibilidad de explotación en la zona; y por amenazas directas de la Pacific Rubiales a los pueblos Hitnu, Sikuani, Makaguani, y políticas que afectan también a los pueblos Betoy, U`wa e Inga.

Para dar cierre a este evento ético y político, Susana Deranger, Manuel Vega Vargas y Eduardo León Gómez, integrantes del cuerpo colegiado, y tras unaexposición general de las conclusiones extraídas por, hacen público el siguiente veredicto que, Alberto Castilla, Coordinador Nacional Agrario dice que el juicio debe convertirse en una plataforma de lucha para el pueblo colombiano en la defensa de nuestros territorios, ya que “a partir de mañana (19 de agosto) la tarea de éste juicio continúa”, pues es el fortalecimiento de la consciencia política del movimiento popular.


Veredicto:

En cuerpo colegiado condena a las empresas Anglo Gold Ashanti, Pacific Rubiales y subsidiaria en Meta por la violación de los siguientes derechos humanos:

violaciones graves a los derechos naturales; violación a la libertad de asociación sindical; violación al derecho a la protesta social; desprecio de la dignidad y la vida de los trabajadores y las comunidades, y por ser instigadores de asesinatos selectivos de dirigentes sindicales, indígenas y organizadores sociales; violación al derecho a la alimentación, por violación de los derechos colectivos a la tierra, los recursos naturales, los derechos de participación, especialmente de la consulta previa; violación de los derechos culturales, espirituales y ancestrales, así como , al desarrollo propio y autónomo de los pueblos originarios; violación a la legislación ambiental vigente; cercamiento de ríos y caños, daños irreversible en los ecosistemas que afectan, flora y fauna. Los condena por crímenes financieros, como evasión sistemática de impuestos, desfalco al estado en materia de regalías; por injerencia en transformación de políticas públicas para su beneficio. Condena al gobierno colombiano por entregar amplios territorio a transnacionales para explotar bienes de la naturaleza, comprometiendo la seguridad y soberanía del país; por violar derechos a los derechos humanos a la vida, la salud, la alimentación, organización, protesta social, trabajo, libre movilidad y permanencia en los territorios;, por violar derechos de pueblos indígenas y campesinos; por violar derecho al agua, a la salud, ambiente sano y derechos sexuales; por organización y fortalecimiento de grupos paramilitares para implementación de políticas extractivistas, la explotación de recursos naturales; por el empobrecimiento generalizado de amplias capas de la población; por violación de convenios internacionales de derechos humanos y los derechos de los pueblos.


Se recomienda al movimiento social popular mantener el proceso de denuncia y resistencia contra la actividad económica depredadora de las transnacionales. 

Comentarios

Entradas más populares de este blog

Conversatorio visibilización sentencia absolutoria caso Mateo Gutiérrez

Luego de más de 20 meses de estar privado injustamente de la libertad, el joven estudiante de sociología de la Universidad Nacional de Colombia, Mateo Gutiérrez, fue absuelto por un juez de la república en noviembre del 2018 luego de considerar insuficientes las pruebas presentadas por la fiscalía General de la Nación las cuales supuestamente vincularían al estudiante con los atentados perpetrados en la ciudad de Bogotá entre abril de 2015 y enero de 2017. Según el togado, las pruebas no confirman la responsabilidad del estudiante en los hechos, por lo que emitió orden de libertad.
Ante la complejidad de este montaje judicial en contra del estudiante y las repercusiones que este tipo de casos tienen en la comunidad universitaria, sus maestros, familiares, acompañantes y compañeros de la Cátedra Sociedad Colombiana siglo XIX, de la facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia – sede Bogotá – invitan al conversatorio de socialización de la sentencia absolutoria, la cual …

Rechazamos asesinato del Director y Productor de cine, Mauricio Lezama.

El Equipo de Comunicaciones Documental Amarillo, rechaza el atentado donde fue asesinado del Director y Productor de cine, Mauricio Lezama y en el cual resulto herido Ricardo Llain en el Centro poblado del Corregimiento de la Esmeralda del Municipio de Arauquita en el departamento de Arauca mientras realizaban un casting para el cortometraje sobre la vida de la lideresa y sobreviviente del genocidio de estado contra la Unión Patriótica, señora Mayo Villareal.
Nos solidarizamos con la familia de Mauricio Lezama, la comunidad araucana y exigimos del Gobierno Nacional, celeridad en la investigación para el esclarecimiento de este asesinato.
A continuación compartimos el comunicado emitido por organizaciones sociales del departamento de Arauca que denuncian y rechazan este crimen en contra de la libertad de prensa, la verdad y la memoria.






EL COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS CAPITULO ARAUCA, denuncia y rechaza ante los entes institucionales del orden Departamental y Na…

Algunas personas jamás nos dejan, son eternas / Nicolás Neira 14 años exigiendo verdad, justicia y el desmonte del ESMAD

El primero de mayo del año 2005, durante la movilización del día internacional del trabajo, fue asesinado en el centro de Bogotá, Nicolás David Neira Álvarez de 14 años de edad. El responsable, es el oficial Néstor Julio Rodríguez Rúa, perteneciente en ese entonces a la sección primera del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional de Colombia – ESMAD – comandado por el entonces Capitán Julio Cesar Torrijos Devia.
Altos mandos del ESMAD y de la Policía Nacional  trataron de encubrir los hechos reuniendo a sus efectivos con el fin de unificar las versiones que entregarían ante las autoridades y acordaron decir que Nicolás, había caído de su propia altura y se había pegado con un bolardo en la cabeza; otros dijeron que producto de una estampida se había caído y esto habría causado su muerte. 




12 años después, es decir, el 23 de abril del año 2017, el entonces Capitán Julio Cesar Torrijos Devia, acudió a la Fiscalía General de la Nación y manifestó que él había encubierto el hom…

EL INFATIGABLE CANTO DEL CIRIRÍ / A Doña Fabiola Lalinde

Por Orlando Arroyave Á.


Doña Fabiola Lalinde durante la grabación de Amarillo. Fotografía: Diego Delgado 
Cristianía es un resguardo indígena entre montañas andinas deforestadas por cultivos pequeños de pan coger. En los días de lluvia, las nubes bajan por las montañas, cubriendo de neblina, agua fría y barro ocre la estrecha carretera que comunica a dos ciudades del suroeste antioqueño, Andes y Jardín, en la selva montañosa del noroccidente de Colombia.
Este caserío indígena se encuentra entre estas dos ciudades, en una pequeña explanada, a un lado de una carretera serpenteante y estrecha. Lo conforman casas de madera con techos de zinc, que se extienden en forma irregular sin más lógica que edificar y dar cobijo, evitando el barro resbaloso  que amenaza siempre cualquier firmeza del mundo.
Una mujer de pelo blanco, de impermeable y paraguas, trata de percibir las huellas del martirio de su hijo en la mañana, ya que en la noche una tormenta oscureció el caserío. Al llegar en la noche, c…

La constante revictimización a los familiares de los desaparecidos de la Comuna 13 de Medellín

Durante los días 17 y 18 de julio de 2019 se llevó a cabo en las instalaciones del palacio de justicia de Medellín, la primer audiencia pública sobre personas dadas por desaparecidas en la comuna 13. La audiencia fue solicitada a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE y siete familiares de desaparecidos quienes solicitaron se tomen medidas cautelares sobre 16 lugares del país donde se presume estarían inhumados de manera irregular los restos de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado.
En desarrollo de la audiencia, la Magistratura solicitó a la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y la Fiscalía General de la Nación información relevantesobre el avance en las investigaciones y trabajos realizados para preservar los lugares de la “Escombrera” y la “Arenera”, donde se deduce se encuentran los restos mortales de personas desaparecidas en el marco de los operativos militares del añ…

Video Karmatarrua Tierra Pringamosa

FOTOGRAFÍAS REALIZADAS  DURANTE LA GRABACIÓN DEL  VIDEO "KARMATARUA  TIERRA PRINGAMOSA"  EN EL RESGUARDO INDÍGENA EMBERÁ CHAMÍDE CRISTIANIA ANTIOQUIA. PRODUCIDO POR LA ASOSIACION DE ENTIDADES CULTURALES DE MEDELLÍN ASENCUNTURA Dirección: Viviana Villa.. Fotos: Diego Delgado.

Sobre la masacre de Mapiripán / Solidaridad con el CCAJAR.

Comunicado a la opinión pública

El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” -CCAJAR-, en relación a la información de prensa relativa a supuestos hechos revelados en el día de ayer, en el marco de una audiencia del procedimiento de “Justicia y Paz”, sobre la “Masacre de Mapiripán”, se permite poner en conocimiento de la opinión pública que:En el marco de su labor de defensa de los derechos humanos, apoderó a nivel nacional e internacional a cinco grupos de personas que se identificaron como familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y desplazamiento forzado en los hechos ocurridos entre el 15 y 20 de julio de 1997, conocidos como la Masacre de Mapiripán. Entre las víctimas apoderadas se encuentra la señora Mariela Contreras y su familia, quien fue reconocida igualmente como víctima en las instancias nacionales, con posterioridad a que rindiera declaración ante la Fiscalía General de la Nación.

Homenaje a Eduardo Umaña Mendoza

El Equipo de Comunicaciones Documental Amarillo acompaña las acciones de memoria emprendidas por la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos dhColombia, en este sentido realizamos el presente video el cual rinde homenaje al legado del abogado y defensor de Derechos Humanos Eduardo Umaña Mendoza asesinado hace 18 años, y a todas y todos los defensores de Derechos Humanos quienes diariamente se enfrentan a la persecución, la estigmatización, la desaparición forzada y al asesinato por su lucha contra la impunidad.



Dos dieciochos
Por: Camilo Eduardo Umaña H.
El día que asesinaron a mi padre era un sábado. Mi mamá lo había dejado en la oficina donde constantemente lo apoyaba. Estaba reunido con un hombre, un tipo que no le quiso dar la cara al saludarla pero que ella miró fijamente. Se quedó con una corazonada pero salió a buscarme. Yo estaba en clase de inglés. Me recogió antecitos del medio día. Nos devolvimos con destino a la oficina, pero mi mamá se desvió a recoger o…

Contra la brutalidad policial - Por el desmonte del ESMAD - Medellín, 24 de febrero de 2012

 Por el desmonte del ESMAD

Grupos, colectivos e individuos de la ciudad de Medellín, Colombia, se encuentran para sumar sus expresiones musicales, artísticas y denunciar los abusos del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, exigir su desmonte y hacer memoria de los jóvenes asesinados por este pelotón de la muerte (Escuadrón Móvil de Asesinos por Dinero).
SIMÓN ANDRÉS TORRES Siempre en nuestra memoria.

Al igual que el pasado viernes 13 de abril, aún trato de esclarecer una muerte que quizás ha quedado en el olvido. Entre la madrugada del viernes 13 y sábado 14, en el año 2007, la vida de un compañero, Simón Andrés Torres, se perdió a sus quince años de edad. Los hechos no son muy claros y la distorsión que rodeó este acontecimiento marcó un crimen que impune, año tras año, memoramos. Con la llegada del grupo narcosis a Medellín, en el barrio El Poblado, y ante la falta de organización por parte de los promotores del evento, empezaron a producirse disturbios y riñas que, en defensa de las fu…

Memoria audiovisual 2018 Documental Amarillo

El día 24 de noviembre de 2018, en el municipio de Tame, Arauca, en acto publico, el Ejército Nacional reconoció su responsabilidad y pidió excusas por los hechos ocurridos el día 2 de octubre del 2010, en la vereda Caño Camame; en donde la niña DECZ de 13 años de edad para la época de los hechos, fue víctima de violencia sexual por el hoy destituido y condenado subteniente del Ejército Nacional Raúl Muñoz Linares.

El 24 de mayo de 2012, Rosa Elvira Cely, una mujer de 35 años de edad fue agredida sexualmente y empalada por un hombre que estudiaba en el colegio Manuela Beltrán, la misma institución educativa a la que ella pertenecía. El brutal ataque ocurrió en el parque nacional de la ciudad de Bogotá a tan solo unas cuadras de una estación de policía. Cinco días después la mujer, madre de una niña de 12 años murió.

Durante el 2018, realizamos junto a  la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos dhColombia, un homenaje a Eduardo Umaña Mendoza, defensor de derechos a…