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[CDPSANJOSE] Carta a la Fiscalia




Apartadó,  agosto 7 de 2013

Señor

CARLOS ANDRÉS PACHECO BENAVIDES

Investigador Criminalístico II

CTI Apartado

Carrera 99 No 96-35 Apartacentro Ofic 606

Teléfono 8281354

Apartado Antioquia



  

Reciba un atento saludo.



Nuestra Comunidad de Paz recibió su mensaje electrónico fechado el pasado 31 de julio, en el cual solicita a nuestro anterior representante legal, Jesús Emilio Tuberquia, presentarse en la Fiscalía para ampliar las circunstancias de supuestas “denuncias” realizadas por nosotros, sobre hechos ocurridos el 25 de abril de 2011. 

A ese respecto nos permitimos aclararle lo siguiente: 

1. Hace ya varios años que nuestra Comunidad de Paz dejó de presentar denuncias ante la Fiscalía y la Procuraduría. Nos llevó a esa decisión el comprobar que los centenares de denuncias presentadas durante muchos años anteriores, en lugar de lograr algo de justicia, acarreaban mayores persecuciones contra los integrantes de nuestra Comunidad, dejaban en absoluta impunidad los horrendos crímenes de que hemos sido víctimas y los mismos expedientes, en la medida en que los fuimos conociendo, revelaban niveles aterradores de corrupción de los aparatos judicial y disciplinario y evidenciaban la violación y omisión de casi todos los principios rectores de la administración de justicia, tal como están formulados en la Constitución Nacional, en los códigos pertinentes y en las normas vigentes de tratados internacionales ratificados por Colombia. 

Incluso comisiones internacionales que nos visitaron con ocasión de algunos de los episodios más conmovedores del Genocidio a que nos han sometido, como la delegación de MEDEL (Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades), en sus informes fueron muy pesimistas sobre las posibilidades de que se alcanzara justicia en Colombia sobre tales atrocidades, luego de haber explorado, a nivel nacional, las falencias de la justicia colombiana. 

En nuestro trágico Calvario hemos comprobado cómo fiscales, procuradores, jueces y magistrados que han avocado las investigaciones de los millares de crímenes perpetrados contra nosotros: no investigan a los victimarios sino a las víctimas; manejan con la más aterradora corrupción el TESTIMONIO, único elemento en el cual apoyan sus fallos condenatorios o absolutorios, inundando de testimonios falsos sus carpetas; arrojan toda la carga de la prueba sobre las víctimas y eluden toda indagación sobre los victimarios; pisotean todos los criterios probatorios consagrados en los códigos vigentes; proceden y actúan con evidentes sesgos ideológicos y políticos, con absoluta falta de independencia frente a instituciones del mismo Estado cuya responsabilidad en los crímenes hoy día es incuestionable; desconocen de facto los contextos aterradores de victimización de las capas más vulnerables de la población campesina, violando las normas que los obligan a tenerlos en cuenta. Todo esto deja en evidencia una arbitrariedad y parcialidad que los operadores judiciales parecen no percibir, al estar envueltos en una institución nacional que les tolera tales comportamientos y que no ha tenido mecanismos de control para evitar semejante corrupción. Cuando el 19 de enero de 2009 presentamos evidencias de todo esto a las más altas Cortes del Estado, solicitándoles corregir esta podredumbre, nos manifestaron sus profundas preocupaciones pero alegaron límites de competencia para actuar.

2. Las anteriores razones y experiencias nos pusieron ante graves impedimentos éticos para recurrir a los aparatos judicial y disciplinario vigentes y por ello desde hace varios años hemos decidido no rendir más declaraciones ni prestar colaboración alguna a los procesos judiciales en curso. Amparados por principios constitucionales, hemos recurrido, más bien, al Derecho de Petición para exigirle al Jefe del Estado tomar medidas administrativas que impiden y corrijan las acciones criminales contra nosotros, medidas que la misma Constitución le impone al Presidente como obligación ineludible en defensa de las víctimas de graves violaciones a sus derechos. Lamentablemente, el Jefe del Estado, desconociendo sus obligaciones constitucionales, tampoco ha querido actuar. Simultáneamente hemos acudido a tribunales internacionales cuya jurisdicción ha aceptado Colombia mediante tratados internacionales, para exigir justicia en nuestro caso. Quizás lo que Usted, Señor Fiscal, denomina “denuncias” nuestras, provienen de oficios del despacho presidencial o de organismos internacionales a través de la Cancillería, pero no hemos sido nosotros los “denunciantes”, ya que imperativos éticos nos impiden recurrir al aparato judicial vigente. 

3. Sólo la Corte Constitucional ha comprendido nuestra tragedia y ha exigido, mediante sentencias y autos, que se cumplan y respeten principios constitucionales elementales. Cuando en el pasado mes de diciembre emitió el Auto 164/12 para urgir el acatamiento a la Sentencia T-1025/07, nuestra Comunidad de Paz ofreció toda su colaboración para que sus mandatos se cumplieran. Entre los mandatos de dicho Auto figuraba el establecimiento de una COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA JUSTICIA, punto que desde 2005 nuestra Comunidad había presentado como una de las condiciones para reanudar nuestra interlocución con el Estado, la cual se había roto completamente luego de la masacre horrenda de febrero de 2005 y de la consiguiente ocupación de nuestros espacios de vida y paz por la fuerza pública en medio de criminales calumnias y estigmatizaciones oficiales. Si bien dicha Comisión se estableció desde febrero de 2013 con la participación de todas las entidades contempladas en el Auto, su funcionamiento sufrió muchas trabas y el plazo dado por la Corte se venció sin haber llegado a ningún mínimo resultado. El establecimiento de dicha Comisión sólo era el inicio de un proceso que debería llevar a identificar las fallas de la justicia y a señalar rutas de corrección, pero su sola puesta en marcha no significaba que la corrupción ya había llegado a su fin, ni mucho menos. Abrigamos la esperanza de que la Corte Constitucional restaure el procedimiento, el cual, según se aprecia, será muy prolongado. 

4. Nuevos hechos nos han confirmado la corrupción, arbitrariedad y prejuicialidad que afecta a los operadores de justicia en Urabá. Así, por ejemplo, el proceso adelantado por la Fiscalía 117 y fallado por el Juzgado Segundo Penal en 2012 y que ahora se encuentra en apelación en el Tribunal Superior de Antioquia bajo el Rad: 2012.0492-3, mantiene en prisión a personas inocentes condenadas mediante abusos inconcebibles del testimonio, donde un criminal ilegalmente domiciliado por varios años en la Brigada XVII desde donde fue inducido a calumniar de manera persistente a la Comunidad de Paz, es el único testigo de cargo, actuando a través de agentes de inteligencia y supuestos desmovilizados que se fundan en sus falsedades, y donde los operadores judiciales presionaron a las víctimas a aceptar cargos falsos, se negaron a escuchar a quienes los conocían, violaron el principio del “non bis in idem” contra uno de los acusados y se negaron a investigar la complicidad de la Fiscalía y la Defensoría en un atentado contra los sindicados, atacados a bala luego de una de las audiencias, así como en la muerte de otro de los sindicados, ocurrida en su misma vereda luego de numerosas amenazas de muerte. Todo muestra que la corrupción, en lugar de revertirse, se profundiza en el aparato judicial urabaense.   

No menos grave es la persistencia de la estigmatización, que ha sido fruto de las más deshonestas y sucias campañas de organismos del Estado, secuela irremediable de los miles de crímenes mediante los cuales nos han tratado de exterminar, al ser manejados perversa y criminalmente por los medios de “información” en su afán de criminalizar sistemáticamente a las víctimas, que no a los victimarios. Por ello el pasado 18 de abril (2013) funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía –CTI- en Apartadó,  le manifestaron a una persona cercana a nuestra Comunidad de Paz que “La Comunidad de Paz, especialmente San Josesito, es la sede principal de la guerrilla”. Afirmaciones criminales que se repitieron, por parte de otros servidores públicos, el día siguiente, 19 de abril de 2013. De igual forma en reunión de la Comisión de Evaluación de la Justicia con la asistencia de delegados de alto nivel de Instituciones del Estado; la Directora Nacional de Fiscalías, fiscal coordinadora Grupo Derechos Humanos, Consejo Superior de la Judicatura, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Justicia y del Derecho y la asistencia de delegados de la Comunidad de Paz, el pasado 20 de mayo de 2013, el Fiscal Delegado de la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía afirmo a los allí asistentes sobre la mala imagen de la fiscalía de Apartado contra nuestra Comunidad de Paz, esto evidencia la gran descomposición de la fiscalía como institución al no hacer nada para corregir esta persecución que lleva años contra la Comunidad de Paz, esto nos da la razón para no acudir ante dicha instancia.   

Esperamos, Señor Fiscal, que comprenda nuestras razones y los impedimentos éticos que tenemos para presentarnos a rendir declaraciones. No podemos menos que lamentar y deplorar profundamente el abismo de corrupción e impunidad que inunda a nuestro destrozado país. Dios quiera que esta oscura noche llegue algún día a su fin.



Atentamente, 

Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

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