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Grave situación por el conflicto en la comuna 8 de Medellín.



Situación del Conflicto Armado de la Comuna 8 de Medellín año 2013.

 El Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, plataforma  de derechos humanos conformada por 240 organizaciones a nivel nacional, nos manifestamos sobre la crítica situación de la comuna 8 de Medellín.

En lo que va del año 2013 se ha agravado la situación generada por el conflicto armado en la Comuna Ocho de Medellín, siendo los sectores de Villaliliam parte alta, Las Estancias, Las Mirlas, Santa Lucía, La Sierra, Villaturbay, Esfuerzos de Paz 1, Esfuerzos de Paz 2 y Unión de Cristo, los más afectados por las confrontaciones armadas que se dan todos los días en estos barrios.

En 2013 se reportan 17 homicidios a jóvenes de edades entre los 17 y los 25 años,  y 5 casos de desaparición forzada, según denuncias realizadas por la comunidad en escenarios de participación.

Es preocupante la situación de la población civil que está atrapada en medio del conflicto, especialmente los niños 5 menores de edad  han sido heridos por causa de explosiones de granadas de fragmentación, que son en la actualidad una práctica recurrente de los grupos paramilitares enfrentados.

Según los censos realizados por el Plan de Desarrollo Local en los sectores donde se concentra el conflicto armado habitan aproximadamente 32.000 personas, siendo los menores de edad un alto porcentaje de la población.  Por causa del conflicto, han aumentado los desplazamientos intraurbanos, convirtiendo a varios sectores de la Comuna en “barrios fantasma” como es el caso de Esfuerzos de Paz 1 y 2 y Unión de Cristo,  donde se pueden contar en los dedos de las manos las familias que aún viven allí.  Más de 43 familias se han desplazado de la comuna por temor a arriesgar sus vidas por vivir en medio de la confrontación armada[1]; ¿Cómo salieron estas familias?, ¿qué protección o acompañamiento tienen?, ¿Qué entidades están velando por la protección de sus derechos? Son algunas de las preguntas que tenemos para la Administración Municipal.  Cabe anotar que la mayoría de estas familias llegaron de otras regiones del departamento desterradas de sus territorios y despojadas de tierras y bienes  causa del conflicto armado en sus lugares de origen, y estaban tratando de reconstruir sus vidas en la comuna ocho.

Es alarmante el poderío armamentístico de los actores armados en confrontación,  y el incremento de la utilización indiscriminada de explosivos que generalmente  afectan viviendas y hieren a la población civil que no hace parte del conflicto armado.

A la grave situación generada por el conflicto armado en estos sectores de la comuna ocho, se le suma la precariedad de la atención en salud, que debería ser una prioridad para la administración municipal debido a las graves repercusiones que tiene en la población civil. No se cuenta con puestos de salud cercanos a la zona de conflicto, y los que existen en otros sectores de la comuna funcionan en condiciones demasiado precarias.

 Hacemos un llamado a los entes del gobierno local  que velan por la protección de los derechos de niñas y niños, a organizaciones de derechos humanos, a plataformas y redes nacionales e internacionales que trabajan en pro de la defensa de los derechos de niñas y niños a que volteen la mirada hacia la situación de conflicto en la comuna 8, ya que la utilización y reclutamiento de menores para la guerra en estos sectores se ha convertido en una práctica constante, y hasta la fecha las instancias estatales responsables no logra impedir la vulneración de los derechos de niños y niñas; sumado a esto la Administración Municipal pese a que tiene ojos y oídos en la zona de conflicto oculta constantemente la gravedad de los hechos bajo la consigna de que “ todos son hechos aislados”.

Como plataforma de derechos humanos exigimos defender  y proteger la vida de niñas, niños, mujeres, jóvenes  y adultos mayores que no hacen parte del conflicto armado, se deben generar medidas no para responder el fuego con fuego, sino para evitar las confrontaciones armadas en sectores en los que vive y transita la población civil, ya que estas confrontaciones ponen en un riesgo constante la vida de los habitantes de la comuna. También se debe exigir el respeto y la protección de la población civil en rutas de transporte y zonas escolares, ya que en la actualidad los actores armados han convertido estos lugares en zonas de confrontación.

Históricamente las medidas adoptadas por la Administración Municipal son incipientes  ante la magnitud de los hechos, promoviendo la realización de consejos de seguridad  y el incremento del pie de fuerza, siendo esta una fórmula que ya está demostrada no es la solución. Así mismo las estrategias generadas desde la  alcaldía para proteger la vida de líderes comunitarios, o para garantizar la continuidad de organizaciones que han tenido que abandonar sus procesos de interacción social  causa del conflicto armado no han arrojada resultados positivos.

Desde el año pasado a la fecha, varios líderes comunitarios  se han marchado de la comuna por causa de intimidaciones de los actores armados, entre ellos hay líderes y lideresas juveniles y comunitarios

 Las escuelas y colegios que existen en los sectores en los que se dan las confrontaciones armadas se han visto gravemente afectados a tal punto  que en el reciente periodo de matrículas escolares se redujo en un alto porcentaje[2]  la inscripción de estudiantes. Esta situación se explica en parte por el temor de las familias de enviar a niños y jóvenes a estudiar, debido a que las confrontaciones  armadas se dan en mañana, tarde y noche, y los actores armados no tienen ningún respeto por las zonas escolares ni por la población civil.

Han incrementado las vacunas al sector transportador de la comuna, situación que en el año 2012 dejo gravemente afectado al gremio tanto en ingresos económicos como en pérdida de vidas de varios conductores.

En los sectores de la comuna ocho donde se dan las confrontaciones armadas se registran 10 fronteras invisibles, lo que significa que hay una restricción total a la libre movilidad de la población civil que habita en esta parte del territorio, además del toque de queda impuesto por los actores armados se le suma la imposibilidad de salir del barrio La Sierra de los habitantes, principalmente hombres jóvenes, a estudiar o trabajar por mandato de dichos grupos.

En la Comuna 8 los  servicios de los entes de justicia que velan por los derechos de la población civil no son eficientes, por ejemplo las 2 Inspecciones de Policía que existen en sectores aledaños al territorio en confrontación funcionan de manera precaria. Sin apoyo logístico y de seguridad como debería de ser para sus funciones y en el cumplimiento de estas actividades son demasiado ineficientes sobre todo en el tema de control de invasiones de terrenos denunciados por la comunidad. En cuanto a la violencia intrafamiliar solamente hay una comisaria de familia que le toca atender 34 barrios desde el barrio Villa Hermosa.

No hay efectividad en las estrategias institucionales de la Alcaldía de Medellín que permitan el fortalecimiento de los procesos de convivencia y organización social, afianzando los lazos vecinales y los procesos y no el fortalecimiento del pie de fuerza y los programas de recompensas y las redes de informantes. 

Se deben proteger, impulsar y fortalecer los procesos organizados de la comuna que reclaman el respaldo a programas culturares, deportivos, recreativos y de participación social y comunitaria que históricamente han promovido verdaderos procesos de convivencia en distintos lugares de la comuna 8, y que han salvado miles de vidas de jóvenes generándoles un espacio para formarse y aferrarse al arte, a la cultura, al deporte, a los procesos sociales.

La administración no solo debe apoyar los procesos de participación  y de organización social, sino que debe  generar estrategias para la protección real de los liderazgos comunitarios, y proteger el derecho a la vida, a la libre circulación y la libertad de expresión de todos los habitantes de la comuna ocho que no hagan parte del conflicto armado.

Hacemos un llamado a la Personería de Medellín para que cumpla su mandato constitucional de velar por la defensa de los derechos humanos. En lo que va del año, no ha existido una presencia efectiva en el territorio de la comuna ocho, mientras el Personero habla de un fortalecimiento institucional de esta instancia que no se ha visto en las comunidades afectadas por el conflicto armado.

Consideramos que hay que avanzar en la desculturización de la guerra, en comunidades donde el conflicto armado  ha tenido sus raíces.

Por lo expuesto anteriormente, el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia- Europa- Estados Unidos exige:

 Respeto y garantía por el derecho a la vida digna de las y los habitantes de la comuna 8.

Una mirada de ciudad- comuna bajo la premisa de que existe un conflicto armado, que incide en las dinámicas de violencia de la ciudad para así desarrollar programas integrales en el tema de seguridad y derechos humanos. En tal sentido la Alcaldía debe reconocer públicamente la grave situación de violencia que padece la comuna, y no descalificar las denuncias que al respecto realizan organizaciones sociales y comunidad en general.

Trascender el enfoque que asume la seguridad como simples problemas de orden público y deja de lado las necesidades de los ciudadanos, asumiendo como un enfoque válido y necesario para la ciudad la seguridad humana y la garantía de los derechos humanos.

Invertir más en las demandas sociales que en infraestructura y pie de fuerza.

Diseñar políticas claras que apunte a la eliminación de la criminalidad y a la depuración de la corrupción en las instituciones estatales.

Para finalizar demandamos la realización de una reunión con las autoridades para que presenten a las comunidades un balance de las medidas adoptadas y  se fijen compromisos claros con responsables y tiempos concretos en temas como protección colectiva a comunidades,  líderes y lideresas, esta reunión debe contar con la participación de autoridades nacionales.

 Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia- Europa- Estados Unidos 

Proceso Social de Garantías Antioquia



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