Ir al contenido principal

SE AGUDIZA CRISIS HUMANITARIA EN EL NORDESTE ANTIOQUEÑO.


El nordeste antiqueño atraviesa una crisis humanitaria que día a día adquiere dimensiones más dramáticas para la población. Debido a esta realidad y al trabajo de denuncia e incidencia realizado por CAHUCOPANA, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo emitió el 3 de abril de 2012 el Informe de Riesgo N° 002-12A.I. para los municipios de Zaragoza, Remedios y Segovia, en el cual se alerta sobre la situación de alto riesgo en la cual se encuentra la población debido a la dinámica de confrontación armada entre estructuras paramilitares que se disputan el control del territorio, a saber Los Urabeños y Los Rastrojos, motivada por intereses económicos sobre la región que se concentran en el control de la explotación minera aurífera y el uso de la zona como corredor estratégico, y facilitada por los altos niveles de abandono estatal y pobreza que predominan en la región que mantienen a sus pobladores rurales en situación de confinamiento. 

Este informe, emitió además una serie de recomendaciones que debían ser adoptadas por las entidades del orden nacional, regional y local para mitigar el escenario de riesgo y brindar garantías para la protección de los derechos humanos de las comunidades rurales y urbanas de los tres municipios. Sin embrago hoy, 5 meses después de emitido el Informe no ha habido ninguna respuesta efectiva por parte de las autoridades responsables de tomar medidas frente a la crítica crisis humanitaria manifiesta. Desde CAHUCOPANA se han impulsado una serie de escenarios de concertación con la Gobernación de Antioquia, en cabeza del Director de Derechos Humanos Gabriel Jaime Bustamante, y demás entidades del orden departamental, y así mismo se ha establecido contacto con el Ministerio del Interior en la urgencia de construir de forma concertada con las comunidades afectadas alternativas de solución y mitigación del riesgo en el que se encuentran, sin embargo, a la fecha no ha sido posible concretar ninguno de los acuerdos realizados. 


Mientras las autoridades del orden local, departamental y nacional no hacen nada, la crisis humanitaria en el nordeste se agudiza. Desde la emisión del Informe se han presentado en la región constantes acciones armadas de grupos armados ilegales, particularmente enfrentamientos entre las denominadas bandas criminales Los Rastrojos y Los Urabeños que ponen en riesgo a la población, así mismo se instalan de forma cotidiana retenes ilegales por parte de estos grupos que restringen el tránsito y generan un ambiente de zozobra entre transeúntes y transportadores. Se han registrado alrededor 20 homicidios selectivos en zona rural y urbana de los municipios de Remedios, Zaragoza y Segovia, así como dos masacres, la primera tuvo lugar a pocos días de emisión del Informe en el punto conocido como Machuca en donde 5 personas fueron asesinadas y la segunda el día de ayer, 5 de septiembre, cuando un grupo armado incursionó a la finca La Reserva, en la vereda Campo Alegre del municipio de Segovia, asesinando a 4 personas. A su vez, el reclutamiento forzado de niños por parte de estos grupos se encuentra en aumento y son cotidianas las amenazas selectivas y la extorsión de familias y mineros artesanales, situación que en algunos casos ha desencadenado en desplazamientos forzados.

Esta realidad que vive la región del nordeste antioqueño da cuenta de la incapacidad estatal para controlar el territorio, la ausencia de voluntad política por parte de autoridades del gobierno en sus niveles nacional, departamental y local para enfrentar la situación, y pone en entredicho la imparcialidad de los fuerzas militares y de policía nacional en el enfrentamiento por el control territorial adelantado entre Los Rastrojos y Los Urabeños. Los afectados como siempre las comunidades campesinas y urbanas de la región, que a pesar de haber presentado propuestas para la construcción de respuestas concertadas a la crisis humanitaria han sido desconocidas en múltiples ocasiones por la Gobernación, las Alcaldías y demás entidades concernidas a tomar medidas en el asunto.
    
Ante este escenario, las comunidades campesinas organizadas en CAHUCOPANA hacemos una llamado público a las organizaciones sociales a solidarizarse con la crisis humanitaria que enfrentamos y exigimos de las autoridades gubernamentales en sus distintos niveles respuestas efectivas, superando la visión simplista de que la militarización del territorio constituye la alternativa a nuestra realidad. 

El homicidio selectivo realizado el día 3 de septiembre en el casco urbano del municipio de Remedios, cuya víctima fue Gloria Elcy García, mujer que había recibido amenazas por ser testigo clave en un proceso de restitución de una mina de oro, adquirida, al parecer, con documentos falsos, debe ser el último de los constantes campanazos de alerta sobre el alto nivel de desprotección en que se encuentran las comunidades en la región, y debe conllevar a que se adopten medidas idóneas por parte de las autoridades en concertación con las comunidades organizadas que hacen presencia en el territorio. Como organización de base exigimos se nos incluya en la construcción de soluciones y se nos garanticen los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad.  

CORPORACIÓN ACCIÓN HUMANITARIA POR LA CONVIVENCIA Y LA PAZ DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO.
CAHUCOPANA.

6 de septiembre de 2012, Medellín.



Comentarios

Entradas más populares de este blog

EL INFATIGABLE CANTO DEL CIRIRÍ / A Doña Fabiola Lalinde

Por Orlando Arroyave Á. Doña Fabiola Lalinde durante la grabación de Amarillo. Fotografía: Diego Delgado  Cristianía es un resguardo indígena entre montañas andinas deforestadas por cultivos pequeños de pan coger. En los días de lluvia, las nubes bajan por las montañas, cubriendo de neblina, agua fría y barro ocre la estrecha carretera que comunica a dos ciudades del suroeste antioqueño, Andes y Jardín, en la selva montañosa del noroccidente de Colombia. Este caserío indígena se encuentra entre estas dos ciudades, en una pequeña explanada, a un lado de una carretera serpenteante y estrecha. Lo conforman casas de madera con techos de zinc, que se extienden en forma irregular sin más lógica que edificar y dar cobijo, evitando el barro resbaloso  que amenaza siempre cualquier firmeza del mundo. Una mujer de pelo blanco, de impermeable y paraguas, trata de percibir las huellas del martirio de su hijo en la mañana, ya que en la noche una tormenta oscureció el caserío. Al ll

Autodefensas Gaitanistas de Colombia asesinan a mujer embarazada en Peque Antioquia y se agrava el desplazamiento forzado en la región

  Foto: Twitter Proceso Social de Garantías  En el municipio de Peque – Antioquia - desde hace varios días se han venido presentando enfrentamientos entre disidencias de las FARC y las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC – en sus zonas rurales, esta situación ha generado miedo y zozobra entre las comunidades campesinas. El pasado domingo 21 de febrero de 2021 luego de los enfrentamientos un civil fue herido quien fue atendida y se le presto la debida atención. El día 25 de febrero de 2021, se presentaron nuevamente enfrentamientos en zona rural entre las veredas Renegado Valle y Nueva Granada, de acuerdo con los habitantes de la región las Autodefensas Gaitanistas de Colombia habrían asesinado a una mujer la cual se encontraba en estado de embarazo, esta situación ha generado confinamiento en algunas veredas al igual que desplazamientos forzados. Organizaciones de derechos humanos como el Proceso Social de Garantidas de Antioquia, hace un llamado al gobierno naciona

Nueve años después Condenan a la Nación por el asesinato de Jhonny Silva a manos de la Policía

Jhonny Silva Por: radiomacondo El Tribunal Administrativo del Valle condenó a la nación, al ministerio de defensa y a la Policía Nacional por la muerte de Jhonny Silva, el estudiante de la Universidad del Valle asesinado por un escuadrón del ESMAD. La justicia consideró que la muerte de Jhonny Silva fue una ejecución extrajudicial, el fallo ordena indemnizar a la familia con 150 salarios legales mínimos vigentes, lo que fue considerado por la familia como una burla ya que ninguna suma puede reponer la perdida y tampoco puede borrar los años de sufrimientos y la revictimización a la que fueron sometidos ya que tuvieron que acudir a la justicia internacional frente a la lentitud del proceso y la falta de imparcialidad por parte de la fiscalía colombiana. Según el abogado del caso, Jorge Molano los 9 años de impunidad que cumple el crimen, no han sido por falta de pruebas sino por la manera perversa en que ha actuado la Fiscalía. “Cuatro meses después de la muerte d