SE AGUDIZA CRISIS HUMANITARIA EN EL NORDESTE ANTIOQUEÑO.


El nordeste antiqueño atraviesa una crisis humanitaria que día a día adquiere dimensiones más dramáticas para la población. Debido a esta realidad y al trabajo de denuncia e incidencia realizado por CAHUCOPANA, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo emitió el 3 de abril de 2012 el Informe de Riesgo N° 002-12A.I. para los municipios de Zaragoza, Remedios y Segovia, en el cual se alerta sobre la situación de alto riesgo en la cual se encuentra la población debido a la dinámica de confrontación armada entre estructuras paramilitares que se disputan el control del territorio, a saber Los Urabeños y Los Rastrojos, motivada por intereses económicos sobre la región que se concentran en el control de la explotación minera aurífera y el uso de la zona como corredor estratégico, y facilitada por los altos niveles de abandono estatal y pobreza que predominan en la región que mantienen a sus pobladores rurales en situación de confinamiento. 

Este informe, emitió además una serie de recomendaciones que debían ser adoptadas por las entidades del orden nacional, regional y local para mitigar el escenario de riesgo y brindar garantías para la protección de los derechos humanos de las comunidades rurales y urbanas de los tres municipios. Sin embrago hoy, 5 meses después de emitido el Informe no ha habido ninguna respuesta efectiva por parte de las autoridades responsables de tomar medidas frente a la crítica crisis humanitaria manifiesta. Desde CAHUCOPANA se han impulsado una serie de escenarios de concertación con la Gobernación de Antioquia, en cabeza del Director de Derechos Humanos Gabriel Jaime Bustamante, y demás entidades del orden departamental, y así mismo se ha establecido contacto con el Ministerio del Interior en la urgencia de construir de forma concertada con las comunidades afectadas alternativas de solución y mitigación del riesgo en el que se encuentran, sin embargo, a la fecha no ha sido posible concretar ninguno de los acuerdos realizados. 


Mientras las autoridades del orden local, departamental y nacional no hacen nada, la crisis humanitaria en el nordeste se agudiza. Desde la emisión del Informe se han presentado en la región constantes acciones armadas de grupos armados ilegales, particularmente enfrentamientos entre las denominadas bandas criminales Los Rastrojos y Los Urabeños que ponen en riesgo a la población, así mismo se instalan de forma cotidiana retenes ilegales por parte de estos grupos que restringen el tránsito y generan un ambiente de zozobra entre transeúntes y transportadores. Se han registrado alrededor 20 homicidios selectivos en zona rural y urbana de los municipios de Remedios, Zaragoza y Segovia, así como dos masacres, la primera tuvo lugar a pocos días de emisión del Informe en el punto conocido como Machuca en donde 5 personas fueron asesinadas y la segunda el día de ayer, 5 de septiembre, cuando un grupo armado incursionó a la finca La Reserva, en la vereda Campo Alegre del municipio de Segovia, asesinando a 4 personas. A su vez, el reclutamiento forzado de niños por parte de estos grupos se encuentra en aumento y son cotidianas las amenazas selectivas y la extorsión de familias y mineros artesanales, situación que en algunos casos ha desencadenado en desplazamientos forzados.

Esta realidad que vive la región del nordeste antioqueño da cuenta de la incapacidad estatal para controlar el territorio, la ausencia de voluntad política por parte de autoridades del gobierno en sus niveles nacional, departamental y local para enfrentar la situación, y pone en entredicho la imparcialidad de los fuerzas militares y de policía nacional en el enfrentamiento por el control territorial adelantado entre Los Rastrojos y Los Urabeños. Los afectados como siempre las comunidades campesinas y urbanas de la región, que a pesar de haber presentado propuestas para la construcción de respuestas concertadas a la crisis humanitaria han sido desconocidas en múltiples ocasiones por la Gobernación, las Alcaldías y demás entidades concernidas a tomar medidas en el asunto.
    
Ante este escenario, las comunidades campesinas organizadas en CAHUCOPANA hacemos una llamado público a las organizaciones sociales a solidarizarse con la crisis humanitaria que enfrentamos y exigimos de las autoridades gubernamentales en sus distintos niveles respuestas efectivas, superando la visión simplista de que la militarización del territorio constituye la alternativa a nuestra realidad. 

El homicidio selectivo realizado el día 3 de septiembre en el casco urbano del municipio de Remedios, cuya víctima fue Gloria Elcy García, mujer que había recibido amenazas por ser testigo clave en un proceso de restitución de una mina de oro, adquirida, al parecer, con documentos falsos, debe ser el último de los constantes campanazos de alerta sobre el alto nivel de desprotección en que se encuentran las comunidades en la región, y debe conllevar a que se adopten medidas idóneas por parte de las autoridades en concertación con las comunidades organizadas que hacen presencia en el territorio. Como organización de base exigimos se nos incluya en la construcción de soluciones y se nos garanticen los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad.  

CORPORACIÓN ACCIÓN HUMANITARIA POR LA CONVIVENCIA Y LA PAZ DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO.
CAHUCOPANA.

6 de septiembre de 2012, Medellín.



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