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PEÑAS COLORADAS / MEMORIAS DE UN DESPOJO. / nuevo vídeo.

“El derecho a la paz solo se cumplirá si lo realizamos nosotros y nosotras mismas con la resistencia a la guerra, la exigencia a los actores armados para que respeten el derecho humanitario -en especial la oposición a que el cuerpo de las mujeres sea utilizado como botín de guerra-, y las acciones directas de desmilitarización de nuestros territorios.”
Declaración Final del Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías, 3 de octubre de 2011

 

¿Qué son las comunidades sin retornar y la consolidación militar?

Las comunidades sin retornar son aquellas que después de un desplazamiento forzado no han podido regresar a su territorio. Esta situación se da por la inexistencia de garantías de no repetición a las violaciones a los derechos humanos a causa de la continuidad del conflicto armado y la consecuente permanencia de actores armados en los territorios y la violación al derecho internacional humanitario. “Retornar no es únicamente volver; es una opción que está asociada no solo a programas efectivos de atención y protección y al restablecimiento de los derechos violados con motivo de la salida forzada, sino también a la reparación que el Estado debe a estas víctimas del conflicto.” [1]
Un desplazamiento forzado afecta a los proyectos de vida individuales y también los colectivos, consecuentemente hablamos de que la reparación integral también tiene que ser colectiva y orientada al “reestablecimiento de los derechos vulnerados y a la reparación de los daños ocasionados a las comunidades, grupos u organizaciones afectados por hechos de violencia sistemática o selectiva. [2] 
En Colombia, el discurso gubernamental de desarrollo y paz está estrechamente vinculado a un concepto de seguridad que implica la militarización de los territorios, la cual toma forma mediante políticas como la Recuperación Social del Territorio o el Plan Nacional de Consolidación Territorial.  Actualmente, con la Ley Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 o “Prosperidad para Todos” se “tiene como objetivo consolidar la seguridad con la meta de alcanzar la paz, dar un gran salto de progreso social, lograr un dinamismo económico regional que permita desarrollo sostenible y crecimiento sostenido”.
Con la excusa de las políticas de  lucha antinarcóticos  o de fortalecimiento de la democracia,  se ha militarizado el territorio con la presencia de soldados en bases, brigadas y retenes, que se han ido degenerando en infracciones al  Derecho Internacional Humanitario.  De particular preocupación es la permanente violación al principio de distinción que se debe dar entre población civil  y combatientes, las prácticas comunes de el actor armado estatal tiende a involucrar directamente a los ciudadanos en el conflicto a través de la exigencia de desarrollo de tareas de inteligencia y policivas en programas estatales como la “familia guardabosques” o la “red de cooperantes”. Reforzado con el desarrollo de tareas civiles por parte de los militares, como la construcción de carreteras, brigadas de salud, entre otras.
Si tenemos en cuenta el origen del Plan Nacional de Consolidación como “una iniciativa pensada para mantener la confianza inversionista y avanzar en la política social efectiva, mediante la alineación de los esfuerzos militar, policial y antinarcóticos y los esfuerzos en el área social, de justicia, desarrollo económico e institucional del Estado en zonas estratégicas del territorio nacional”, vemos que el enfoque principal de la consolidación es la militarización de los territorios para defender los intereses inversionistas en regiones sumamente estratégicas. Al incremento de la Fuerza Pública se suma que en 40 de los 54 municipios en los que se desarrolla el Plan Nacional de Consolidación Territorial ha habido un incremento de la presencia paramilitar, tal como constata el reciente informe de INDEPAZ [3].

La consolidación territorial en el departamento del Caquetá

El departamento del Caquetá es de importancia geoestratégica en Colombia por ser un corredor entre los departamentos del Meta, Huila, Cundinamarca, Guaviare y Putumayo; además de representar una cercanía a la frontera con el Brasil.
Existe una relación directa entre la intensidad del conflicto (frecuencia de combates y operaciones militares de ambos actores armados) y una mayor presencia de Fuerza Pública, como también entre los planes de recuperación social del territorio y la estigmatización de la población civil y la posterior violación a los derechos humanos, con los altos niveles de desplazamiento forzado en la región del Caquetá [4].
En enero de 1999 se dio inicio a La Zona de Distensión o El Caguán. Los tres años de negociaciones de paz entre la guerrilla de las FARC- EP y el Gobierno Nacional son recordados por las comunidades como un momento de relativa calma, auge económico y libre circulación. Sin embargo, este periodo fue aprovechado por la fuerza pública para realizar videos y grabaciones de reuniones y eventos realizados que fueron utilizados una vez finalizada la zona de distensión, para desarrollar  acciones de  persecución, amenaza, desplazamiento y ajusticiamiento de la gente que aparecía en dichos materiales.
El fin de la zona de distensión enmarcó de forma abrupta en la intensificación de la confrontación armada, golpeando de manera contundente no a la guerrilla sino a los y las habitantes de la zona. El Ejército implementó una estrategia militar para recuperar el control territorial por parte del Estado en esta zona y su área de influencia (Cartagena del Chairá y Puerto Rico en Caquetá, Calamar y San José del Guaviare en Guaviare y Cubarral, El Castillo, Fuente de Oro y Granada en el Meta). A la vez, los grupos paramilitares que habían logrado ingresar a la región, reforzaron su avanzada en aras de intervenir los corredores estratégicos para la guerrilla, lo cual trajo consigo muertes selectivas, masacres y el desplazamiento de gran número de las comunidades.
A partir de 2003 se desarrolla el  “Plan Patriota” una  acción combinada de la Fuerza Aérea, la Armada Nacional, la Policía y el Departamento Administrativo de Seguridad, con el respaldo de la Fiscalía General de la Nación y con importante apoyo, asesoría y monitoreo del gobierno de Estados Unidos; más de 14 mil tropas oficiales actúan en un área geográfica de 241.812 kilómetros cuadrados y frente a una población estimada de 1.709.976 habitantes. “El  “Plan  Patriota”  se ejecuta sin control político del Congreso de la República -obligado a autorizar el tránsito de tropas y asesores militares extranjeros en territorio nacional, sin conocimiento real de sus consecuencias en el plano de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, sin un seguimiento sistemático y público de los organismos de control de Estado y sin información  cierta de su desarrollo, resultados y alcances[6]”.
Como resultado de la implantación del Plan Colombia enmarcado en el plan Patriota, se generaron en 2004 múltiples desplazamientos forzados. Según la ONG Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES durante el primer semestre de 2004, los departamentos cubiertos por el Plan Patriota aparecen dentro de los 10 más afectados por el desplazamiento forzado, donde el número de personas desplazadas ha aumentado en comparación con el año anterior .[7]

Peñas coloradas, la historia de un despojo.


 “Dijo un señor del ejército: Nosotros llegamos mansitos, pero los de las  motosierra si llegan bravos”

Testimonio campesino de Peñas Coloradas




El Ejército Nacional ingresó al caserío de Peñas Coloradas el 25 de abril de 2004 en el marco de operaciones del  Plan Patriota y avisando a los pobladores para que salieran del pueblo por probables enfrentamientos con  las FARC-EP, sin embargo las comunidades deciden permanecer y ante esta resistencia de los pobladores, el Ejército desarrolla toda una serie de acciones intimidatorias que incluyeron el censo de la población, las grabaciones de sus casas y señalamientos directos como auxiliadores del la guerrilla, incluso se dieron casos de torturas contra comerciantes  y campesinos; violaciones que fuerzan el desplazamiento de esta comunidad. “La mayoría de las personas desplazadas han llegado a Florencia (Caquetá), a otras zonas del departamento o a Bogotá, donde, en general, no han recibido una atención adecuada por parte de las autoridades estatales y donde muchas han recibido amenazas contra su vida e integridad personal por parte de los grupos combatientes.” [8]

En ese momento, Peñas Coloradas se convierte en extensión de la base militar de la Brigada 22. Se ubican trincheras frente a las casas, las cuales son saqueadas y destruidas. En la actualidad el puesto de mando de la Armada se encuentra en el Centro de Salud y el del Ejército, en la escuela.

 “Luego de la salida de los habitantes por amenazas de las FARC-EP, se han podido exterminar los cultivos ilícitos y convertir a peñas Coloradas en un punto de paz” [9]



Esta es la versión del Ejército, identificando a Peñas Coloradas como centro guerrillero y a los habitantes como auxiliadores de las mismas, pero como bien lo explica uno de los campesinos  “luego de la posesión del pueblo por parte del Ejército toco salir, el objetivo era sacarnos del pueblo, pues si el objetivo era la guerrilla no tenían que buscarla en nuestras casas”.


Los habitantes de Peñas Coloradas no han podido retornar a sus casas por la falta de voluntad política de Estado, las amenazas y la criminalización de los pobladores, además de la presencia militar en el caserio de la Brigada 22, quien hace parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega generada desde los lineamientos del Plan Patriota.





vídeo nuevo: Peñas Coloradas. Historia de un Despojo


Las expectativas

“Los campesinos necesitamos el campo, el día de llegar de nuevo allá seria una alegría porque nos encontraríamos de nuevo la familia de Peñas Coloradas. Peñas Coloradas es mi casa”.
Poblador de Peñas Coloradas

La comunidad intentó colectivamente no salir de Peñas Coloradas, pero el Ejército no se movió del pueblo con la justificación de que era un núcleo guerrillero.  De esta manera, los campesinos y campesinas salen del territorio con el imaginario de que iba a ser por corto tiempo, pero ocho años después no han podido entrar, ni siquiera a ver cómo están sus tierras y sus animales. Parte de los habitantes de Peñas Coloradas viven en Cartagena del Chairá de forma provisional.

Bajo el lema de “Peñas Coloradas, siempre serás mi presente”, se pide al Estado que les devuelva las tierras y las propiedades que el mismo Estado les ha quitado y que salga la base militar de su caserío para poder retornar.


visita la galería fotográfica del peñas coloradas y otras comunidades en resistencia en 



10

[1]“Desplazamiento sin retorno” Jorge Rojas Presidente, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes),  Hechos del Callejón , PNUD, Colombia.
[2] Dimensión política de la reparación colectiva” Voces de memoria y dignidad, Grupo Pro Reparación Integral, octubre 2008.
[3]  “VII Informe sobre narco paramilitarismo y guerrilla” INDEPAZ , febrero de 2012.
[4]  Boletín especial RUT:  “Utopía de Paz y Desafío de Reconciliación” Pastoral Social, diciembre 2004.
[5] Boletín especial RUT:  “Utopía de Paz y Desafío de Reconciliación” Pastoral Social, diciembre 2004.
[6]“Codhes informa” Boletín informativo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, No. 50. Bogotá, 31 de agosto de 2004.
[7] Durante el primer semestre de 2004, 5.964 personas fueron forzadamente desplazadas en el Meta, 15.187 personas en el Caquetá, 4.874 personas en el Putumayo, 1.085 personas en el Guaviare y 277 personas en el Vichada.El 25 de abril de 2004 ocurre el desplazamiento masivo en la vereda de Peñas Coloradas (Cartagena del Chairá, Caquetá) de 1.200 habitantes del casco urbano y de la zona rural. “Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia” Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación Internacional para la Paz y la Democracia en Colombia, Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo, 2004
[8] “Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia” Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación Internacional para la Paz y la Democracia en Colombia, Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo, 2004
[9]  Almirante Edgar Augusto Cely Nuñez, Comandante General de las Fuerzas Militares

Con los pies por la tierra


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