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POR EL RESPETO A LA VIDA Y AL TERRITORIO DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS


Fotografía: CAHUCOPANA.

Por: Corporación CAHUCOPANA

En la vereda Lejanías, municipio de Remedios (nordeste antioqueño) el día 26 de mayo de 2012, bajo el lema “Por el respeto a  la vida y al territorio de las comunidades campesinas”, se realizo la jornada de socialización del Informe de Riesgo emitido 3 de abril de 2012 por el  Sistema de Alertas Tempranas – SAT de la Defensoría del Pueblo.

A la actividad convocada por la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño - CAHUCOPANA, se conto con la presencia  de comisiones de acompañamiento de las ciudades de Bogotá, Medellín y Barrancabermeja, las cuales pudieron constatar el alto riesgo en que se encuentran las comunidades rurales, campesinas y minero-artesanales que viven en estos territorios.
 
El Informe de Riesgo constituye un llamado que se realiza desde la Defensoría del Pueblo para que se actué en beneficio de las comunidades rurales del nordeste antiqueño,  encontrándose sometidas a una situación de vulnerabilidad como resultado de la dinámica de reingeniería  paramilitar que sufre la región, llamado que aumenta el costo político del gobierno si no actúa de manera oportuna para atender esta realidad.

 Entre las recomendaciones que se emiten en el Informe se encuentra la referencia a la nueva Ley de Víctimas,  que consagra textualmente: “ en caso de haber un informe de riesgo para algún municipio o territorio, las autoridades competentes están obligadas a construir un plan de prevención para que esta situación de riesgo se supere y de esta manera se generen planes colectivos de protección que beneficien las comunidades, más cuando se esta hablando de restitución de tierras y la idea es que no existan mas despojos por parte de los grupos armados”

El informe en términos generales logra identificar los problemas estructurales de las comunidades que viven en medio del conflicto en el Nordeste Antioqueño  y busca que se creen mecanismos para evitar que éstas sean desplazadas, del mismo modo demuestra claramente como los habitantes de las cabeceras municipales y particularmente, los habitantes de las zonas rurales, no cuentan con posibilidades para  una vida digna dentro de sus territorios, pues a pesar de la riqueza natural abundante en minerales como el oro que caracteriza al nordeste antioqueño, la región se encuentra sumida en una situación de pobreza estructural, que se recrudece debido a la débil presencia  institucional y la nula inversión social. A esta realidad se suma la disputa territorial que realizan distintos actores armados ilegales por el control político y económico de la región.


Resulta paradójico que en una región abundante en riquezas naturales las comunidades rurales no cuenten con la garantía de satisfacción de sus derechos fundamentales, los municipios de Segovia y Remedios carecen de un hospital de alto nivel para atender cualquier tipo de emergencia, y en los territorios rurales no existen puestos de salud ni promotores comunitarios, fuera de esto los planes de inversión municipales y departamentales no priorizan la ejecución de obras  que beneficien las comunidades, como la construcción y mejoramiento de vías de penetración para la comercialización de los productos agrícolas, la construcción y dotación de escuelas de calidad para los niños y las niñas campesinas, entre otros proyectos sociales.
La ausencia de inversión se suma al fuerte  incremento de señalamientos por parte de las fuerzas militares hacia las organizaciones sociales que trabajan por la defensa de los derechos humanos en el nordeste, que se junta con la persecución que ejercen los grupos paramilitares en contra del campesinado, en una lógica que estigmatiza a todos los habitantes rurales como colaboradores de la insurgencia, generando temor en las comunidades y confinamiento en las áreas rurales de donde los campesinos no salen por miedo a ser  capturados, asesinados o desaparecidos.

Fotografía: CAHUCOPANA.
El Informe de Riesgo emitido para los municipios de Remedios, Segovia y Zaragoza con el numero  002-12A.I  identifica una población en riesgo de aproximadamente 98. 749 personas  de los anteriores municipios , entre los que se encuentran en condición de riesgo  los mototaxistas, los mineros tradicionales, las autoridades tradicionales del Pueblo Zenú y Embera, los miembros de Juntas de Acción Comunal afiliados al proceso de resistencia de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño –CAHUCOPANA- y sus acompañantes humanitarios y organizaciones no gubernamentales como el caso de la Corporación Yira Castro, la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos – CREDHOS-, Equipos Cristianos de Acción por la Paz –ECAP-, Brigadas de Paz –PBI-, La Asociación Regional de Víctimas del Magdalena Medio ASORVIMM  y los líderes comunitarios de las veredas del Valle del Río Cimitarra, en el municipio de Remedios, de manera particular, los de las Juntas de Acción Comunal de La Honda de Pescado, Chorro de Lágrimas, Ité, La Cruz, Cabuyal, El Popero, Gorgona, Paso de la Mula, la Sonadora, Porvenir, Puna, Santa Marta, La Argentina, Cañaveral, Río Bagre, Los Chorros, Campo Bijao, Dos Quebradas, Ojos Claros, Camelias, Plaza Nueva, Lejanías y el Carmen.
Dicho informe se enmarca en el contexto sociopolítico que vive la región del Nordeste Antioqueño y donde identifica un riesgo que se configura “por la contienda entre los grupos armados ilegales post desmovilización de las AUC autodenominados “Los Urabeños” y “Los Rastrojos” por el control territorial, y por las alianzas entre los Frentes 4 y 36 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y reductos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para enfrentar a las estructuras armadas contrarias….”

LA CONTIENDA DE LOS GRUPOS ARMADOS POR EL CONTROL DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO.
fotografía: CAHUCOPANA.



Desde los años 80s, el exterminio de las propuestas populares de organización social y política que se concretaron en la masacre  del 11 de noviembre del año 1988 en Segovia,  y que generaron el éxodo campesino que hubo  por la parte alta y baja, avoco a CAHUCOPANA y a la ACVC a generar expresiones de resistencia y de organización campesina, para poder sostenerse dentro del territorio, de a poco se han ido construyendo espacios para consolidar la permanencia en el territorio algunas de esas expresiones fueron las acciones humanitarias dentro de la región, las salidas a Barrancabermeja de las colectividades, los campamentos de refugio humanitario, fueron también  las incidencias en Bogotá, Medellín, el diálogo con otras organizaciones sociales, las denuncias no solo públicas,  sino por medio de los canales que presenta Estado para ello; pero a pesar de todo esto la respuesta ha sido aún mas cruel y lamentablemente todo lo que se llaman falsos positivos se concentraron en el nordeste antioqueño, la ejecución por parte del Estado Colombiano de varios líderes y miembros afiliados a la corporación CAHUCOPANA, no solamente se dio por  los beneficios que enmarcaron esta práctica, se dio como una forma de ataque a los procesos campesinos  y hacia los procesos de organización que se están gestando desde las comunidades y que representan una amenaza a la propuesta del Estado Colombiano de defender sus intereses que no son los intereses de las comunidades.

Después de “la desmovilización” de las Autodefensas Unidas de Colombia, el paramilitarismo ha venido reubicándose generando dinámicas propias en los territorios donde operan en todo el país, en algunos casos cambiando el nombre de su organización criminal con el fin  de invisibilizar su accionar delictivo.

 Desde el Chocó y el Eje Cafetero (región macro  noroccidental) los rastrojos han venido ascendiendo hacia el nordeste creciendo en número de integrantes y de poder económico, los urabeños están defendiendo lo que siempre ha sido su territorio, que va desde la frontera con Panamá hasta la salida del Catatumbo, tocando al Chocó como un punto estratégico para la salida de sus tropas y sus armas, de igual manera el circuito económico de la coca como el cultivo, procesamiento y comercialización, aprovechando todas las rupturas que he generado el paramilitarismo como la fragmentación social, el temor de las comunidades, las tierras despojadas, los poderes políticos que lograron posicionar en las esferas del Estado y que aún permanecen.

Para el año 2008 en Medellín confluyen todos los grupos paramilitares en una negociación en la cual finalmente distribuyen unos territorios, pero la negociación duro bastante poco; en el caso del bajo cauca este quedo a disposición de los rastrojos y los urabeños; en diciembre del presente año por medio de la visibilización de los medios sobre el conflicto en esa región y el alto número de homicidios por parte de  los grupos paramilitares, estos  deciden empezar a silenciar tanto escandalo y negociaron entre ellos, definiendo que el sector del bajo cauca y el nordeste seria entonces de los urabeños y que los rastrojos seguirían haciendo su trabajo en las regiones donde ya habitaban antes, pero ante esta negociación un reducto de los rastrojos decide quedarse en la región y los urabeños ante estos hechos se sienten traicionados, generando  una confrontación que viene desde el bajo cauca a habitar los municipios de Segovia y Remedios.

La  realidad de  la minería hoy en día en el nordeste antiqueño esta mediatizada por el control final que esta haciendo el paramilitarismo en Remedios, Segovia, Zaragosa y en general en el  nordeste, desde el arribo de la comisión de verificación a la socialización del informe de riesgo, esta fue hostigada, perseguida y visualizada, las primeras informaciones que se obtuvo la comisión  fueron el incremento del accionar paramilitar en la región generando esto un panorama a futuro devastador no solo del control de la pequeña minería  en los cascos urbanos de los municipios si no la entrada ya a las veredas donde hay mina de beta y de aluvión para su control, materializándose esto en la última semana de junio de 2011 con una incursión de tipo paramilitar a la vereda santamarta, donde fueron asaltados los negocios y la producción minero artesanal del algunos campesinos, dada esta incursión a la vereda de la mano de las organizaciones acompañantes del proceso de CAHUCOPANA y del SAT de la Defensoría del Pueblo se visibiliza un panorama oscuro para las comunidades generando esto un interés especial para la investigación por parte de algunas entidades sobre la problemática en el territorio, propiciando finalmente el informe de riesgo y evidenciando que el proceso de organización no es valioso porque exista, si no porque busca las garantías para defender los derechos de las poblaciones, busca defender la minería tradicional como una forma de sustento familiar, defiende el derecho a organizarse como comunidades y hoy en día  avanzando en  la búsqueda del poder popular y del poder político en una expresión tan clara como lo es la Marcha Patriótica. Las comunidades campesinas corren más riesgo, pues aunque no queremos repetir la historia de la UP, no podemos dejar de hacer lo nuestro que es la búsqueda de un país con justicia social.

Fotografía: CAHUCOPANA.
Después de la socialización por parte de la Corporación CAHUCOPANA , el SAT  y las organizaciones acompañantes como la Corporación Jurídica Yira Castro, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos ( Nodo Antioquia ), la corporación SUMAPAZ, la Coalición Larga Vida a las Mariposas,  la corporación CREDHOS, el colectivo de comunicaciones PLANO SUR, y la ACVC, la comisión regresó a la ciudad de  Medellín para una reunión de alto nivel con las entidades concurridas en  el Informe, con el fin de articular procesos colectivos que permitan hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de forma que se brinden garantías reales que permitan prevenir las inminentes violaciones a los derechos humanos que expone el Informe.

En este sentido se lograron varios acuerdos entre las entidades gubernamentales y Cahucopana: el primero de ellos, la consolidación de un mecanismo mixto de seguimiento al cumplimiento del Informe, integrado por una Jornada de Socialización a nivel regional que vincule a  las alcaldías de los tres municipios, con el fin de comprometer la acción institucional de estas administraciones que no se hicieron presentes en la reunión, y la realización de visitas de verificación humanitarias periódicas en la zona rural que permitan constatar la persistencia de los factores de riesgo que menciona el Informe; en segundo lugar se concertó el acompañamiento que la Defensoría del Pueblo realizará a Cahucopana frente a dos iniciativas dirigidas a la generación de garantías para las comunidades rurales del Nordeste:  1. La solicitud de medidas de protección colectivas para los campesinos de la región y; 2. La solicitud especial para la designación de un Defensor Comunitario que atienda las necesidades especiales de protección a los derechos humanos que demanda la región, pues en la actualidad sólo la región del bajo cauca antioqueño cuenta con este acompañamiento. Finalmente, y en tercer lugar, se concertó la realización de algunas reuniones con la Dirección Seccional de Fiscalías con el fin de hacer seguimiento a las investigaciones relacionadas con violaciones a derechos humanos en la región, así como se solicitaron espacios con entidades del orden nacional y departamental relacionadas con la explotación minera en la región, como el Ministerio de Minas, el Ministerio de Ambiente, Corantioquia y la Gobernación de Antioquia, entre otras.

Más artículos relacionados con el informe de riesgo emitido por el SAT de la defensoría del pueblo.

Se recrudece la violencia en el nordeste antioqueño



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