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"QUE EL MIEDO NO JUSTIFIQUE EL OLVIDO"


“Es la amnesia la que hace que la historia se repita como pesadilla”.
Eduardo Galeano .






 “Que el miedo no justifique el olvido”, esta fue la consigna que convocó a miles de personas a participar el pasado 18 de enero de 2012, en la conmemoración de 23 años de la masacre perpetrada el 18 de enero de 1989 en la vereda “La Rochela” del Municipio de Simacota -Santander- Colombia- por miembros del grupo paramilitar “los masetos” con la aquiescencia o mejor aún, en asocio con agentes del Estado Colombiano, en la cual ejecutaron a 12 funcionarios de la administración de justicia[1] y produjeron lesiones contra la integridad personal de 3 más[2], que integraban una comisión judicial cuyo propósito era investigar graves violaciones de derechos humanos ocurridas en la zona, particularmente esclarecer responsabilidad de civiles y militares en la desaparición forzada de 19 comerciantes en el Municipio de Cimitarra.

Por este crimen, el Estado Colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 11 de mayo de 2007[3] y ordenó medidas de reparación tales como la investigación, juzgamiento y sanción a los responsables de aquellos hechos ,“la adecuación de los programas de protección de víctimas, testigos y funcionarios judiciales, prestar atención médica y psicológica a los familiares de las víctimas, la ubicación de una placa conmemorativa en el Palacio de San Gil y en el complejo judicial de Paloquemao y la publicación de un documento sobre la Masacre de La Rochela”[4] , sin embargo; 23 años después continúa la impunidad y no se ha dado una reparación satisfactoria, integral a las víctimas que libran una lucha permanente en búsqueda de la verdad.

Contrario a lo ordenado por la citada providencia, la “justicia Colombiana” no ha sido lo suficientemente diligente en la investigación de los hechos, no ha representado a las víctimas en la lucha contra la impunidad, pues a la fecha sólo ha sido procesado Alonso de Jesús Baquero[5], alias el ‘Negro Vladimir’, paramilitar desmovilizado que confesó su participación en el crimen y aunque declaró sobre la participación de diferentes narcotraficantes, militares y políticos[6] algunos apenas llamados a indagatoria en 2009, aún no se ha esclarecido la responsabilidad de éstos, por lo tanto ninguno ha sido sancionado y peor aún, las familias continúan con la incertidumbre respecto a lo que realmente ocurrió, no han satisfecho sus derechos a la verdad y la reparación.

De otro lado, pese a que en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ordenó la protección de los familiares de las víctimas en este caso, el Estado Colombiano no ha dado efectivo cumplimiento a la sentencia de modo que, a más de dos decenios de ocurrencia de la masacre y más de uno de la precitada condena, algunos familiares de las víctimas que han perseverado en la búsqueda de la verdad y han  librado una ardua batalla en pro de la justicia, han sido objeto de amenazas y persecuciones, siendo así re-victimizados tanto por los perpetradores de la masacre como del mismo Estado.