Masacre De La Rochela


 Masacre de La Rochela
Por:
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
2011.

La masacre fue perpetrada por un grupo de hombres fuertemente armados pertenecientes al grupo paramilitar denominado “Los Masetos”, que operaba en el sur de la región del Magdalena Medio, con la aquiescencia, colaboración y operación conjunta con miembros de la fuerza pública. Los integrantes de la Comisión judicial fueron asesinados, mientras investigaban algunas graves violaciones a los derechos humanos ejecutadas en esa zona, entre ellas la desaparición forzada de 19 comerciantes, ocurrida el 6 de Octubre de 1987.

Los autores de la masacre intentaron simular que la misma había sido cometida por la guerrilla, fue así como pintaron en la superficie exterior de los vehículos “Fuera el MAS, fuera los paramilitares”. Antes de emprender la retirada se apropiaron de veintitrés de los veinticinco expedientes que portaba la Comisión Judicial, lo que evidencia que uno de los motivos principales de este atroz crimen, era impedir que la Comisión Judicial esclareciera varios hechos de violencia que habían ocurrido en la región del Magdalena Medio en los

Procedimiento surtido ante la CIDH

La petición original fue presentada el 8 de octubre de 1997. El informe de admisibilidad No. 42/02 fue aprobado el 9 de octubre de 2002. El informe de fondo No. 29/05 fue emitido el 7 de marzo de 2005, de conformidad con el artículo 50 de la Convención, en el cual estableció la responsabilidad del Estado por la violación de ciertos derechos consagrados en la Convención Americana y se formularon recomendaciones dirigidas al Estado.

El 28 de Febrero de 2006 la CIDH determinó que no se había dado cumplimiento a la totalidad de las recomendaciones, por lo que el 10 de marzo de 2006, sometió el caso a jurisdicción de la Corte IDH para que ésta estableciera la responsabilidad internacional del Estado, por incumplir con su obligación internacional de respetar y garantizar el derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, en razón de los hechos de la masacre y la posterior denegación de justicia.

Sentencia proferida por la Corte IDH

Una vez agotado el procedimiento previsto, la Corte Interamericana profirió el 11 de Mayo de 2007, sentencia en la que declaró la responsabilidad internacional del Estado Colombiano por la violación del derecho a la vida en perjuicio de los miembros de la comisión judicial (artículo 4), el derecho a la integridad personal en perjuicio de las víctimas y sus familiares (artículo 5.1 y 5.2) el derecho a la libertad personal en perjuicio de las víctimas (artículo 7), y por la violación de los derechos las garantías judiciales y a la protección judicial (artículos 8.1 y 25).

En esta decisión, la Corte determinó que la masacre tuvo lugar en el marco de un contexto de violencia generalizada en contra de funcionarios judiciales y a su vez en aplicación de un contexto normativo expedido por el Estado, que permitió la creación y fortalecimiento de grupos paramilitares, lo cual incidió en que el grupo armado ilegal conocido como “Los Masetos” apoyado en las fuerzas regulares del Estado, consumaran la masacre. A su vez consideró la especial gravedad de estos hechos, por cuanto el Estado es responsable de una masacre ejecutada contra sus propios funcionarios judiciales cuando se encontraban investigando violaciones de derechos humanos los cuales fueron cometidos brutalmente.

La Corte IDH homologó el acuerdo parcial de reparaciones concertado entre el Estado y los representantes de las víctimas y ordenó otras medidas de reparación, para satisfacer de manera integral ese derecho. Las medidas de reparación consisten entre otras en: investigar, juzgar y sancionar a los responsables, la adecuación de los programas de protección de víctimas, testigos y funcionarios judiciales, prestar atención médica y psicológica a los familiares de las víctimas, la ubicación de una placa conmemorativa en el Palacio de San Gil y en el complejo judicial de Paloquemao y la publicación de un documento sobre la Masacre de La Rochela.
En la actualidad, el Colectivo y Cejil , organizaciones representantes de las víctimas y sus familiares, adelantan un proceso de concertación con las distintas entidades del Estado, para implementar y dar cumplimiento adecuado a las diferentes medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH.



Este 18 de Enero hace 22 años los paramilitares cometieron la masacre de La Rochela. Tres de las viudas siguen amenazadas
Por Ricardo Ospina
2011.


Hace 22 años, el 18 de enero de 1989, una alianza criminal entre paramilitares, narcotraficantes y algunos militares, cometió una de las primeras masacres de las que tenga noticia el país.

Ese día, un grupo de hombres fuertemente armados pertenecientes al grupo paramilitar conocido en la región como “Los Masetos”, asesinaron a 12 funcionarios judiciales en la vereda La Rochela, perteneciente al municipio de Simacota, Santander.

El comando de paramilitares tenía información sobre el viaje que habían emprendido 15 personas, todos ellos jueces e investigadores judiciales, hacia esa zona del Magdalena Medio, a investigar la masacre de 19 comerciantes, cometida en esa misma región en octubre de 1987, y más de 20 desapariciones forzadas también perpetradas por las autodefensas.

Más de dos décadas después de la matanza, la justicia solamente ha condenado a una persona por esos hechos y tres de las viudas de los funcionarios judiciales asesinados, siguen recibiendo amenazas de muerte y continúan siendo objeto de seguimientos.

En 1990, el único condenado por la masacre de La Rochela fue el ex paramilitar alias “El Negro Vladimir”, quien fue sentenciado a 30 años de prisión por la matanza de los 12 funcionarios judiciales.

Sin embargo, recientemente y con base en sus declaraciones ante la Fiscalía, el ocho de junio de 2009 fueron llamados a indagatoria los generales en retiro del Ejército Farouk Yanine Díaz, Juan Salcedo Lora y Alfonso Vacca Perilla, además del ex congresista santandereano Tiberio Villarreal y el capturado ex cabecilla de las autodefensas, Iván Roberto Duque, alias “Ernesto Báez”.

El general Yanine no alcanzó a comparecer ante las autoridades judiciales, pues falleció el 30 de agosto de 2009 víctima de una penosa enfermedad. Según dijeron a Caracol Radio varias personas cercanas al proceso, los generales Salcedo Lora y Vacca Perilla aún no han asistido a la diligencia judicial.

Caracol Radio habló con tres de las viudas de los funcionarios judiciales que han permanecido en la lucha ante las autoridades para que los responsables de la masacre sean condenados... Lamentablemente ellas han sido amenazadas luego de la reactivación del proceso Paola Martínez Ortiz, esposa del agente investigador Luis Orlando Hernández, asesinado en la masacre de La Rochela, dijo que a partir de la reapertura de las investigaciones contra tres generales retirados del Ejército presuntamente involucrados en la matanza, se recrudecieron las amenazas en su contra.
Entre tanto, Esperanza Uribe Mantilla, viuda del juez 16 de instrucción criminal Pablo Antonio Beltrán, entregó detalles sobre las amenazas que tanto ella como otros familiares de los funcionarios asesinados en La Rochela, han recibido en los últimos tres meses.

Luz Nelly Carvajal, viuda de Germán Monroy Ramírez, otro investigador asesinado en la masacre de La Rochela, dijo a Caracol Radio que pese a las crecientes amenazas en su contra y contra su familia, no descansará hasta que la justicia condene a todos los responsables de esa matanza, que se llevó a su esposo

Las tres viudas, en medio de su dolor, recordaron a sus esposos, asesinados por los paramilitares en una masacre que muchos afirmaban que estaba anunciada... Pero sobre todo hicieron el ejercicio de pensar como sería su vida hoy si las balas de las autodefensas no les hubieran segado la vida a sus seres queridos.

Lamentablemente, a pesar de las constantes amenazas en su contra, las tres viudas de los funcionarios judiciales asesinados en la masacre de La Rochela, afirmaron que no han recibido ningún tipo de protección por parte del gobierno nacional. Esto, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Estado que adopte medidas provisionales para garantizar un esquema de seguridad digno.

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