Ir al contenido principal

El Cacica Gaitana es lo de menos


Gustavo Gallón GiraldoPor Gustavo Gallón Giraldo, Director de la CCJ
La imputación de cargos que piensa hacerle la Fiscalía al exalto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, debería tener en cuenta el encubrimiento de los asesinatos cometidos por los paramilitares durante la negociación, el ocultamiento de menores reclutados, las falsas desmovilizaciones y la libertad en que se dejó al grueso de los paramilitares.
El encubrimiento de los asesinatos es de una gravedad enorme: por lo menos 4.820 personas fueron asesinadas o desaparecidas forzadamente por los paramilitares, según registros de la Comisión Colombiana de Juristas hasta mediados de 2009, desde cuando el presidente Uribe anunció el inicio de ese proceso el 1° de diciembre de 2002 [1]. Si bien ese día condicionó tal proceso a que no hubiera ni un muerto más, en febrero de 2005 su alto comisionado declaró que "el cese al fuego es una metáfora que tiene que manejarse con mucha flexibilidad" [2]. En octubre de 2006 admitió que su oficina tenía registrados 549 asesinatos cometidos por los paramilitares durante el proceso, pero no manifestó ninguna intención de hacer efectiva la condición anunciada por el presidente, que él seguía considerando como una metáfora. En mayo de 2008 el Gobierno decidió extraditar a Estados Unidos a los jefes paramilitares, arguyendo que continuaban delinquiendo desde la cárcel. Restrepo nunca denunció ante la justicia los asesinatos registrados por su oficina, ni los otros delitos por los cuales supuestamente se extraditó a estos jefes paramilitares. Su responsabilidad por este encubrimiento es ostensible.
El reclutamiento de menores es una de las más graves infracciones al derecho humanitario. El proceso con los paramilitares ocultó este delito [3]. Al respecto, la Defensoría del Pueblo advirtió en 2006 que "los grupos armados ilegales no estarían cumpliendo con su obligación de entregar a los menores de edad en el proceso de desmovilización (…); en muchos casos, simplemente se están devolviendo a sus regiones o (…) a sus familias, sin darles oportunidad a que el Estado los atienda de manera integral" [4]. Difícil creer que el entonces alto comisionado no hubiera estado al tanto [5].
Según cifras del Ministerio de Defensa, los paramilitares eran 12.000 en 2002 [6]. Pero supuestamente se desmovilizaron más de 35.000: 31.671 colectivamente y 3.682 individualmente. O se reprodujeron como conejos en las narices del alto comisionado o éste toleró que le metieran gato por liebre para aparentar un éxito descomunal de la operación [7]. Lo del Cacica Gaitana fue una pequeña parte de este show de ilusionismo, para hacer creer que no solamente los paramilitares hacían parte de la desmovilización, sino también la guerrilla.
El 98% de los paramilitares supuestamente desmovilizados de manera colectiva están libres. No más de 763 han comparecido ante la Fiscalía para que les rebajen penas según la Ley 975. El resto anda en libertad porque el alto comisionado lo permitió.
Entre la metáfora y el ilusionismo se encubrió así un alto número de asesinatos y de reclutamiento de menores y se simuló una operación de desmovilización y de justicia. Pero sería injusto concluir que el exalto comisionado, que no fue más que un fiel escudero, es el único responsable de esta maquiavélica patraña.
Además de las notas de pie de página aquí consignadas, esta columna se basa en el seguimiento permanente realizado a este tema por la Comisión Colombiana de Juristas, cuyos resultados se encuentran plasmados especialmente en dos obras de su autoría:


Comentarios

Entradas más populares de este blog

EL INFATIGABLE CANTO DEL CIRIRÍ / A Doña Fabiola Lalinde

Por Orlando Arroyave Á. Doña Fabiola Lalinde durante la grabación de Amarillo. Fotografía: Diego Delgado  Cristianía es un resguardo indígena entre montañas andinas deforestadas por cultivos pequeños de pan coger. En los días de lluvia, las nubes bajan por las montañas, cubriendo de neblina, agua fría y barro ocre la estrecha carretera que comunica a dos ciudades del suroeste antioqueño, Andes y Jardín, en la selva montañosa del noroccidente de Colombia. Este caserío indígena se encuentra entre estas dos ciudades, en una pequeña explanada, a un lado de una carretera serpenteante y estrecha. Lo conforman casas de madera con techos de zinc, que se extienden en forma irregular sin más lógica que edificar y dar cobijo, evitando el barro resbaloso  que amenaza siempre cualquier firmeza del mundo. Una mujer de pelo blanco, de impermeable y paraguas, trata de percibir las huellas del martirio de su hijo en la mañana, ya que en la noche una tormenta oscureció el caserío. Al ll

Víctimas de crímenes de Estado en contra del negacionismo

Los días 5 y 6 de marzo de 2020, se reunieron en el Centro Distrital de Memoria Paz y Reconciliación de la ciudad de Bogotá familiares de víctimas de crímenes de Estado y organizaciones acompañantes articuladas en el Movimiento Nacional de Víctimas de Crimines de Estado – MOVICE –, con el fin de realizar su asamblea nacional anual en la cual crearon rutas de acción para incidir ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición y otras instancias en la lucha por la memoria, contra la impunidad y el negacionismo de crímenes de Estado. Esta asamblea fue también un homenaje a la vida de Rogelio Martínez Mercado, líder campesino que representaba a cincuenta familias en el proceso de reclamación y recuperación de la propiedad conocida como “La Alemania”, que les fue despojada en el año 2000 y convertida en una base paramilitar bajo el mando de Rodrigo Peluffo Mercado, alias “Cadena”. Por este proceso de reclamación fue asesinado Rogelio Ma

Nueve años después Condenan a la Nación por el asesinato de Jhonny Silva a manos de la Policía

Jhonny Silva Por: radiomacondo El Tribunal Administrativo del Valle condenó a la nación, al ministerio de defensa y a la Policía Nacional por la muerte de Jhonny Silva, el estudiante de la Universidad del Valle asesinado por un escuadrón del ESMAD. La justicia consideró que la muerte de Jhonny Silva fue una ejecución extrajudicial, el fallo ordena indemnizar a la familia con 150 salarios legales mínimos vigentes, lo que fue considerado por la familia como una burla ya que ninguna suma puede reponer la perdida y tampoco puede borrar los años de sufrimientos y la revictimización a la que fueron sometidos ya que tuvieron que acudir a la justicia internacional frente a la lentitud del proceso y la falta de imparcialidad por parte de la fiscalía colombiana. Según el abogado del caso, Jorge Molano los 9 años de impunidad que cumple el crimen, no han sido por falta de pruebas sino por la manera perversa en que ha actuado la Fiscalía. “Cuatro meses después de la muerte d