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Nueva versión del caso Mapiripan… Una tacada a tres bandas

 
 
A los pocos días de la resaca de su posesión, el ’joven’ ministro ’pelo el cobre’ y presento su primera gran propuesta: reactivar el fuero militar, para que soldados y oficiales sean procesados prioritariamente por la justicia penal militar. Inmediatamente después, el nuevo comandante de las Fuerzas Armadas, el General Alejandro Navas, manifestó que creía en la necesidad de revisar el sistema de justicia militar y estudiar los mecanismos por los cuales se juzgan las actuaciones militares, refiriéndose al caso del Palacio de Justicia y añadió que el Coronel(r) Plazas Vega es un “héroe nacional” y que tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Poco después, el ex presidente Uribe señaló que el Congreso y el Gobierno deberían pensar en una reforma a la Constitución que permitiera la excarcelación a los militares que participaron en los eventos de la retoma del Palacio de Justicia en 1985 y en segundo lugar “como un gesto de confianza, crear una jurisdicción especial y transitoria para que revise todas las sentencias condenatorias contra los integrantes de las Fuerzas Armadas”.
Estas declaraciones ocuparon primeras páginas en los medios masivos de comunicación, pero no sucedió lo mismo con los profundos rechazos, por parte de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, quienes no solo se oponían a estas propuestas, sino que le solicitaban al Presidente colombiano Juan Manuel Santos, que enviara un mensaje contundente, acorde con sus obligaciones internacionales a favor del respeto de los derechos humanos, en donde se excluye la utilización de la jurisdicción militar como fuero adecuado para tratar graves violaciones a los derechos humanos, o la utilización de figuras veladas o explícitas que permitan que estas violaciones permanezcan impunes.
En el marco de la misma estrategia mediática, apareció en medios de comunicación las declaraciones de un congresista del MIRA, partido creado desde las entrañas mas retardatarias de las iglesias cristianas, en donde denunciaba las condenas del sistema interamericano y las millonarias demandas que el Estado colombiano estaba pagando como consecuencia de estos fallos judiciales. Ni una palabra se mencionaba sobre las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, cometidos por agentes del Estado y que como consecuencia de esto, se condenaba al Estado.
La ambientación mediática estaba ya montada, pero faltaba golpear de forma contundente a dos instancias que se atravesaban en el camino de esa tacada a tres bandas; una era el mismo sistema interamericano de protección de derechos humanos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana) y la otra, los organismos de derechos humanos y en particular al Colectivo de Abogados, quienes abanderaban peticiones ante este Sistema Regional y en lo nacional representaban a cientos de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
Recordemos que La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido varias sentencias en casos como la masacre de Mapiripán (2005), Pueblo Bello (2006) y La Rochela (2007), en las que decretó que es inadmisible el uso del fuero militar en la investigación de este tipo de violaciones y condenó al Estado Colombiano por su responsabilidad directa y el apoyo prestado a grupos paramilitares, en la ejecución de esas masacres.
La estrategia mediática de desprestigio al sistema de protección internacional de derechos humanos y a los defensores de derechos humanos, contemplaba la confesión de una persona (Mariela Contreras), que por años fue considerada como víctima, por el propio Estado Colombiano, sin serlo.
El Colectivo ha explicado con detalles, como esta señora, en el 2003 llegó a sus oficinas en busca de asesoramiento, esto es, cuatro años después que el Colectivo de Abogados había presentado la petición inicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humano por el caso Mapiripan, y un año después de su declaración ante la Fiscalía General de la Nación. El propio Estado Colombiano, representado por el Poder Ejecutivo, incluyó en sus diferentes intervenciones dentro del proceso ante la Corte Interamericana, a la señora Mariela Contreras, como integrante del grupo de familiares de víctimas de la masacre; y de la misma forma, el Estado asumió responsabilidad internacional por los crímenes cometidos en Mapiripan.
Vale la pena resaltar, que en la sentencia en donde se condena al Estado por estos hechos, la Corte Interamericana, manifestó de manera clara la incertidumbre sobre el número de muertos en la masacre y ordeno al Estado Colombiano que de manera inmediata adelantara las diligencias necesarias para identificar en un plazo razonable a las victimas ejecutadas y desaparecidas en aquella masacre. Mandato nunca cumplido por el Estado, entre otras razones, porque es bien sabido que muchas de las personas ejecutadas y desmembradas por los paramilitares, fueron arrojadas al caudaloso rio Guaviare.
Si alguien conocía la condición de no víctima, en el caso de la señora Contreras, era sin lugar a dudas el propio Estado Colombiano, pero era una carta tapaba que guardaba el Estado para jugarla en su momento y que mejor que ahora, cuando se está intentando restablecer plenamente el fuero penal militar, cuando se está resolviendo un recurso de segunda instancia por el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia, cuando la Fiscalía vincula al General Uscategui (condenado por la masacre de Mapiripan) como responsable de otra masacre (San Carlos de Guaroa), cuando el caso del bombardeo de Santo Domingo ha sido enviado a la Corte Interamericana y cuando un alto número de militares están siendo sentenciados por los miles de casos de falsos positivos.
No es la primera vez que el Colectivo de Abogados es víctima de este tipo de confabulaciones, la ’Operación Transmilenio’ ejecutada por el DAS es un buen referente; y ahora con este tacada a tres bandas, buscaban su liquidación, pero no lo lograran. Más temprano que tarde los que han cometido fraude y han engañado al Colectivo, responderán por sus delitos. Al Colectivo de Abogados le quedan muchos años de existencia, para seguir al lado de las víctimas, en su lucha por la exigencia de la verdad, la justicia y la reparación, y por la búsqueda de un país mas humano y vivible.

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